Imputado en caso Fundaciones devela "telefonazos" de actual embajador Paulsen para apitutar familiares

Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del exgobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, develó presiones de al menos dos exdiputados que buscaban favorecer y apurar la tramitación de proyectos financiados por el Gobierno Regional y ejecutados por empresas de sus propios familiares.

En una declaración prestada en junio en dependencias del Ministerio Público en la ciudad de Temuco, el abogado de profesión e imputado en la arista Fundación Local del caso Fundaciones —razón por la que permanece en prisión preventiva— entregó detalles de la interna del Gobierno Regional de La Araucanía antes y después de que el caso estallara en los medios.

—El gobernador ordenó formatear nuestro WhatsApp delante de él y él hizo lo mismo —detalló.

Entre otros nombres, el otrora hombre de confianza de Rivas afirmó que el actual embajador de Chile en Reino Unido y, hasta marzo de 2022, diputado de Renovación Nacional por la región de La Araucanía, Diego Paulsen, solía ser uno de los que contactaba telefónicamente al gobernador para presionar por la aprobación de proyectos.

Todo en familia

No es primera vez que el nombre de Diego Paulsen, otrora generalísimo de la última campaña presidencial de Evelyn Matthei, aparece vinculado a los millonarios traspasos del Gobierno Regional de La Araucanía. En abril de 2026, una investigación de Radio Bío Bío reveló que seis empresas relacionadas con el exdiputado y su familia política recibieron $204 millones mediante un programa de reactivación económica, de los cuales $167 millones terminaron con las respectivas rendiciones rechazadas.

Sin ir más lejos, entre las beneficiarias figuraba Santa Clara SpA —sociedad constituida por Paulsen y su esposa— que obtuvo poco más de $20 millones. ¿El resultado? La rendición presentada por la firma al GORE terminó siendo íntegramente rechazada.

El listado de sociedades vinculadas al actual embajador de Chile en Londres lo completan Inversiones RGA Ltda. e Inversiones G7 Ltda., relacionadas con su cuñado Rodrigo García Aguilera; Fruterra Gastronomía Ltda., vinculada a su otro cuñado, Ricardo Gonzalo García Aguilera; Comercial Decorene Ltda., de su suegra Margarita Aguilera Galaz; e Inversiones 530 Ltda., de su suegro Ricardo García Migueles.

En declaraciones entregadas a Radio Bío Bío para el reportaje publicado en abril de 2026, el actual gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, precisó que, de los $204 millones recibidos por las seis empresas vinculadas a Paulsen y su entorno familiar, $167 millones terminaron con sus rendiciones rechazadas. En otras palabras, las observaciones alcanzaron al 81,9% de los recursos públicos entregados a dichas sociedades.

Las presiones de Paulsen

En su declaración ante el Ministerio Público, Juan Pablo Leonelli abordó las presiones políticas que habrían existido durante el proceso de aprobación de los proyectos financiados por el Gobierno Regional de La Araucanía. Según relató, aunque todas las iniciativas terminaron siendo aprobadas, algunas estuvieron atravesadas por gestiones directas de parlamentarios interesados en favorecer a sus familiares.

Entre ellos identificó al entonces diputado Andrés Molina, quien habría realizado llamados para gestionar proyectos de sus hijos relacionados con embarcaderos para lanchas. El expresidente de Evópoli lo niega tajantemente.

—Nunca lo llamé ni a él ni al gobernador por algún proyecto o para algún cargo. Que yo sepa nunca hubo proyecto de muelles o embarcadero de alguien relacionado conmigo en donde yo haya hecho gestiones —dice el exdiputado Molina en diálogo con Bío Bío Investiga.

Además, Leonelli mencionó en su declaración al actual embajador de Chile en Londres. En específico, le atribuyó gestiones similares a las de Molina para favorecer iniciativas vinculadas a su entorno familiar.

—Ellos llamaban directamente al gobernador, pero él me mandaba a mí o a Badilla (asesor personal de Rivas) a preguntar a Claudina si estaban dentro de los proyectos que se financiarían, por eso lo sé —declaró Leonelli, aludiendo a las instrucciones que recibía de Luciano Rivas para verificar el estado de las iniciativas.

Cuando menciona a “Claudina”, el exjefe de gabinete de Rivas se refiere a Claudina Uribe Bórquez, ingeniera comercial y exseremi de Transportes en La Araucanía entre 2020 y 2022, quien ese último año aterrizó en las dependencias del GORE para asumir la gerencia de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía.

Se trataba de un puesto clave en el entramado, pues esa entidad es la que administró el programa de reactivación económica financiado por el GORE Araucanía que hasta hoy está bajo cuestionamientos después de las millonarias irregularidades detectadas en su ejecución.

Contactado por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el actual embajador envió una declaración afirmando que jamás presionó para favorecer proyectos de sus familiares.

Es importante señalar 2 cosas:

En primer lugar, se señala que habría ocupado mi cargo para ejercer presiones y beneficiar a familiares. Sobre aquello es importante hacer dos precisiones:

1) No ejercía ningún cargo público en el momento que se llamó a concurso, ni cuando se entregaron los recursos. Dejé de ser diputado el 11 de marzo del 2022, las bases de los proyectos en cuestión se lanzaron en agosto y los resultados se entregaron en noviembre del mismo año. Dicho lo anterior, se está tratando de atribuirme la comisión de un delito asociado a la función pública cuando no ejercía aquella función.

2) Para mayor precisión, hay que señalar que el Gobernador Rivas asumió en julio del 2021 y compartí funciones, yo como diputado y él como Gobernador, durante 8 meses y durante esos 8 meses ningún familiar postuló o postulamos a algún proyecto en el Estado.

Lo segundo es que nunca he ejercido presión sobre funcionarios públicos para beneficiarme a mí o mi familia. Esto deja en evidencia una intención de dañar mi imagen o la de mi familia.

Fundación Local: el rol de Rivas

Otro de los aspectos más reveladores de la declaración judicial de Juan Pablo Leonelli apunta al origen de Fundación Local y al papel que —según su versión— desempeñó el propio Luciano Rivas en la creación de una estructura destinada a ejecutar proyectos de interés político con recursos públicos.

—Luciano Rivas, consciente de que necesitaba una fundación para ejecutar proyectos afines políticamente o que sean rentables políticamente y que pudiera manejar de manera directa o de terceros de confianza, le encargó a Andrés Albornoz crear una fundación —aseveró el exjefe de gabinete del GORE.

De acuerdo con su testimonio, la primera alternativa fue constituir una organización denominada Chile Puede Más, cuyo directorio quedó integrado por Héctor Troncoso, padre de un amigo del hijo del gobernador; Raúl Narváez, quien hasta 2021 fue socio de Leonelli en una empresa; y Sebastián Sandoval.

La escritura de constitución, detalló, fue redactada por Héctor Moyano, abogado y socio de Albornoz, mientras que este último asumió la tarea de gestionar las firmas y realizar los trámites correspondientes ante el Registro Civil. Sin embargo, el plan tropezó con un obstáculo: la Ley de Presupuestos exigía que las fundaciones tuvieran al menos dos años de antigüedad para acceder a los recursos públicos. Chile Puede Más no cumplía con ese requisito. Había que buscar un plan B.

Fue entonces cuando, según Leonelli, surgió la alternativa de utilizar Fundación Local, una organización ya existente que tenía domicilio en Viña del Mar.

—La idea de la Fundación Local se gestó entre Rivas y Albornoz —remarca el exfuncionario, quien atribuyó al asesor indígena del gobernador, Jaime Huenchuñir, las gestiones para establecer contacto con personas vinculadas a la entidad.

Una vez concretado ese acercamiento, Albornoz habría asumido las gestiones para trasladar la fundación, modificar sus estatutos, renovar su directorio y preparar las postulaciones a proyectos financiados por el Gobierno Regional. La nueva directiva quedó integrada inicialmente por Troncoso, Albornoz y Narváez, aunque este último debió ser reemplazado luego de que surgieran dificultades para abrir una cuenta bancaria debido a sus antecedentes comerciales.

Fraude por más de $2.100 millones

Pero el mecanismo descrito por Leonelli no terminó ahí. Según declaró, Fundación Local postuló a cinco o seis programas, todos por montos inferiores a 7 mil UTM. La elección de ese límite, sostuvo, no fue casual. Eso permitió que las iniciativas fueran asignadas directamente por el gobernador, sin necesidad de someterlas a la evaluación y aprobación del Consejo Regional. En buen chileno, Rivas quedaba con la facultad de designar “a dedo” los recursos.

Leonelli también atribuyó a Rivas una intervención directa en la preparación de las iniciativas. Según relató, el entonces gobernador instruyó a Susan Alarcón y Sebastián Hunter —a quien buscaban potenciar como futuro candidato a alcalde por Temuco— para que colaboraran con Andrés Albornoz y Héctor Moyano en la formulación de los programas e incluso los elaboraran cuando fuera necesario. La tramitación posterior, aseguró, quedó en manos del propio Albornoz, quien habría recurrido a la secretaría del gobernador para ingresar los antecedentes por la oficina de partes.

Tal como reveló una investigación de BBCL Investiga publicada en julio de 2025, dicha institución recibió más de $2.100 millones del Gobierno Regional de La Araucanía, en el marco de convenios que comprometían recursos por más de $9 mil millones.

“La jugada acá es que como Fundación Local tiene más de dos años de constitución, cumple con los requisitos para que la Gobernación pueda sacar lucas a través de ella… Pero como son muchas lucas, la condición es que el directorio sea designado por la Gobernación”, rezaba una comunicación interna entre dos socios de la fundación que hoy es parte de la carpeta investigativa.

“Formateen su whatsapp”

Fundaciones truchas aparte, uno de los episodios más llamativos de la declaración del exjefe de gabinete de Luciano Rivas apunta a lo ocurrido al interior del Gobierno Regional de La Araucanía una vez que el caso Fundaciones estalló públicamente. Según su testimonio, el entonces gobernador convocó a una reunión privada a tres de sus colaboradores más cercanos y les impartió una particular instrucción.

—El gobernador me citó a mí, a Andrés Albornoz y a Carlos Badilla, y nos ordenó formatear nuestro WhatsApp delante de él y él hizo lo mismo —declaró el exfuncionario. De acuerdo con su relato, Rivas justificó la medida como una acción preventiva.

—Nos dijo que si bien no había nada malo era por precaución —agregó.

Esa no fue la única reunión de emergencia convocada por la máxima autoridad regional. Según el mismo testimonio, posteriormente Rivas reunió en su oficina a todos los jefes de división, al administrador regional, a Andrés Albornoz, a la jefa de prensa, Glenda Merino, y al propio Leonelli. El objetivo, declaró el entonces jefe de gabinete del gobernador, esta vez fue definir una estrategia para enfrentar las repercusiones políticas y judiciales del escándalo.

En efecto, señaló, la autoridad les solicitó propuestas para “defender políticamente lo que estaba ocurriendo”. Incluso, rememoró, se abordó la posibilidad de contratar a un abogado penalista y se instruyó a los jefes de división que elaboraran informes sobre la ejecución de cada uno de los proyectos cuestionados.

La intención de Rivas, sostuvo Leonelli, era entregar personalmente esos antecedentes al fiscal regional mediante un pendrive.

—Y así se hizo, yo mismo pedí la reunión —afirmó.

Silencio

Consultado al respecto, el exgobernador Luciano Rivas evitó profundizar en los dichos de su ex mano derecha y se remitió a señalar, a través de una declaración, que no considera pertinente pronunciarse sobre antecedentes de una investigación que actualmente se encuentra en curso.

En su respuesta, la exautoridad regional hizo hincapié en que las declaraciones por las que fue consultado forman parte de una carpeta investigativa relacionada con hechos que están siendo examinados por la Justicia a nivel regional y que, según planteó, no tendrían carácter público.

Bajo ese argumento, Rivas sostuvo que, por respeto al trabajo que desarrolla el Ministerio Público y a la forma en que la Fiscalía ha conducido las diligencias, prefiere abstenerse de emitir opiniones sobre los antecedentes del caso.

Finalmente, el exgobernador insistió en que su decisión de guardar silencio respecto de las imputaciones responde “únicamente al respeto” por el proceso investigativo y las instituciones encargadas de llevarlo adelante.