Hace once años, Recoleta demostró que era posible cambiar las reglas y poner las necesidades de las personas por delante de los intereses del mercado. La Farmacia Popular Ricardo Silva Soto, nació para enfrentar una desigualdad que golpeaba directamente a miles de familias con altos costos de los medicamentos y sendas dificultades para acceder a tratamientos indispensables.
Lo que comenzó como una iniciativa local terminó abriendo un camino para todo el país. La Farmacia Popular cuestionó las enormes diferencias de precios del mercado farmacéutico y demostró que los municipios podían desempeñar un papel activo para garantizar un acceso más justo a los medicamentos.
Hoy, la existencia de más de 230 farmacias municipales en Chile, impulsadas por comunas de distintos sectores políticos, confirma que esta necesidad no tiene color político, pues cuando una familia necesita un medicamento, lo que importa es lograr obtenerlo.
Al día de hoy, nuestra Farmacia Popular registra 53.840 personas inscritas y cada año se realizan cerca de 60 mil atenciones. Detrás de estas cifras hay personas que pueden continuar sus tratamientos, familias que alivian sus gastos y hogares que encuentran una respuesta donde muchas veces el mercado sólo ofrece precios imposibles.
Las diferencias de precios hablan por sí solas. Por ejemplo, la abiraterona de 500 mg, utilizada en el tratamiento del cáncer de próstata, tiene un valor fluctuante de $459.990 a $2.216.990 en las grandes cadenas, mientras que en la Farmacia Popular de Recoleta cuesta sólo $87.696. En el caso del medicamento valganciclovir de 450 mg, un antiviral utilizado para tratar infecciones por citomegalovirus, su precio en Recoleta es de $73.332, mientras que en otras farmacias alcanza valores que superan los $559.899.
No estamos hablando de diferencias menores ni de simples cifras comerciales, estamos frente a ahorros que pueden cambiar la vida de una familia, de tratamientos que de otro modo podrían volverse inalcanzables y de personas que no deberían verse obligadas a elegir entre cuidar su salud y pagar las cuentas de la casa. Esa es la verdadera dimensión de esta política pública.
En momentos en que los recortes presupuestarios y la incertidumbre amenazan la continuidad de políticas sociales, debemos recordar que cada decisión pública tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana. La salud de las personas no puede quedar subordinada a la capacidad de pago ni depender exclusivamente de las reglas del mercado.
Por eso, la experiencia de Recoleta tiene un valor que va mucho más allá de nuestra comuna. La Farmacia Popular demuestra que es posible construir soluciones públicas, concretas y replicables frente a desigualdades que afectan a todo Chile. Su expansión a más de 230 comunas confirma que no se trata de una idea aislada ni de una experiencia excepcional, sino de un modelo que ha sabido responder a una necesidad real y transversal de la ciudadanía.
Como alcalde de Recoleta, creo que nuestro deber es defender lo que funciona, fortalecer las políticas que mejoran la vida de las personas y poner esa experiencia al servicio de otras comunidades. No basta con administrar los recursos disponibles: también debemos tener la voluntad de innovar, cuestionar las injusticias y demostrar que la gestión local puede abrir caminos para transformar las políticas públicas del país.
A once años de su creación, la Farmacia Popular sigue siendo parte de la identidad de Recoleta y, al mismo tiempo, un ejemplo de lo que Chile puede construir cuando la política se pone al servicio de las mayorías. Su mayor legado no está únicamente en los medicamentos que entrega ni en los recursos que permite ahorrar, sino en haber demostrado que las cosas pueden hacerse de otra manera, para que ninguna familia tenga que endeudarse, postergar un tratamiento o renunciar a un medicamento por falta de dinero.
Sin duda la Farmacia Popular ha sido un política pública exitosa que debe seguir replicándose y fortaleciéndose.
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