Este jueves será formalizado, ante el Juzgado de Garantía de San Fernando, un funcionario de la Municipalidad de Placilla, una pequeña comuna de la región de O’Higgins que cuenta con apenas 9.438 habitantes, involucrado en una investigación por presuntos delitos de corrupción al interior del Departamento de Salud municipal.
Se trata de Felipe Farfán Tobar, quien se desempeñaba en el área de contabilidad de Salud y es investigado por transferencias reiteradas de recursos institucionales a su cuenta bancaria personal. Según los antecedentes recopilados, durante casi dos años recibió más de $15 millones provenientes de las arcas municipales.
Pero el caso de Farfán es solo una parte de una investigación de mayor envergadura que dejó al descubierto un desorden financiero que supera los $300 millones en obligaciones pendientes, recursos sin ejecutar y transferencias cuestionadas.
Un informe de la Dirección de Control de la Municipalidad de Placilla, al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, expuso una serie de irregularidades en la administración de los fondos destinados a la salud de la comuna, con antecedentes que comprometen el funcionamiento de los mecanismos de supervisión y control interno.
La investigación administrativa también alcanza a otros dos directivos que fueron suspendidos de sus funciones: Mauricio Sáenz Tapia, director de Administración y Finanzas, y quien ejerció como jefa del Departamento de Salud entre 2022 y 2025. Ambos se encuentran sujetos a sumarios administrativos.
Aunque las cifras pueden parecer menores frente a otros casos de corrupción municipal, su magnitud adquiere otra dimensión en Placilla. El Departamento de Salud registró durante 2025 un gasto ejecutado superior a los $3.600 millones, mientras que las irregularidades financieras detectadas por la Dirección de Control suman más de $300 millones.
Se trata de una cifra equivalente a aproximadamente el 8,3% del gasto anual de Salud, una comparación que permite dimensionar el alcance de las inconsistencias detectadas, aunque las partidas observadas corresponden a conceptos contables distintos y no necesariamente constituyen, en su totalidad, pérdidas patrimoniales.
El informe identifica $162 millones en facturas vencidas, $88 millones en facturas no ingresadas a contabilidad y $45,5 millones transferidos por el Servicio de Salud para programas que no fueron ejecutados y cuyos recursos deben ser restituidos al Fisco.
A esos antecedentes se agregan los $15,5 millones transferidos a la cuenta bancaria personal de Farfán, operaciones que forman parte de la investigación penal.
En conjunto, las partidas observadas alcanzan aproximadamente $311 millones, aunque será necesario establecer si existen superposiciones contables entre ellas para determinar el déficit financiero efectivo.
La magnitud de los hallazgos motivó una denuncia ante el Ministerio Público, la apertura de sumarios administrativos y la remisión de antecedentes a la Contraloría General de la República.
La ambulancia que llegó, pero sigue sin pagarse
El desorden presupuestario también tiene cuatro ruedas. Dentro de los $162 millones correspondientes a facturas vencidas destaca la adquisición de una ambulancia destinada al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Placilla. El vehículo fue comprado mediante una licitación pública, llegó a la comuna y, sin embargo, continúa impago.
Los antecedentes de la contratación permiten reconstruir una secuencia de decisiones administrativas que hoy genera interrogantes sobre el destino de los recursos comprometidos.
En febrero de este año, Felipe Farfán firmó el primer Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (N.º 118), mediante el cual se respaldó la existencia de una asignación de $100 millones para financiar la adquisición del vehículo.
Ese documento sirvió como antecedente presupuestario para iniciar la licitación publicada el 20 de marzo en el portal Mercado Público. Posteriormente, tras la recepción de las ofertas, el 4 de mayo se emitió un segundo certificado (N.º 247), que ajustó la disponibilidad presupuestaria a $92,9 millones, monto correspondiente a la oferta de la empresa adjudicada.
De esa suma, $60 millones provenían de recursos transferidos desde el presupuesto municipal para cofinanciar la compra de la ambulancia, previa aprobación del Concejo Municipal. Sin embargo, la revisión de la Dirección de Control reveló una situación que abre nuevas interrogantes sobre la administración de esos fondos.
Al 17 de septiembre, la cuenta corriente institucional de fondos ordinarios del Departamento de Salud registraba un saldo contable de apenas $15,5 millones, mientras que la ambulancia continuaba sin ser pagada.
La existencia de ese saldo no permite establecer, por sí sola, qué ocurrió con los recursos comprometidos para la adquisición. No obstante, constituye uno de los antecedentes que deberán ser examinados para reconstruir los movimientos financieros y determinar si los fondos fueron utilizados conforme a su destinación.
Aunque el vehículo ya había sido entregado a la comuna, la contratación registra antecedentes de reclamos por pagos no oportunos en el sistema de Mercado Público. Según fuentes conocedoras del caso, la deuda habría generado cerca de $10 millones en intereses, monto que requiere ser contrastado con los antecedentes contractuales y financieros de la operación.
Una de las principales interrogantes es qué ocurrió con los $60 millones que el municipio destinó a cofinanciar la compra y por qué la obligación con el proveedor permanece pendiente, algo que podría aclarar la investigación del Ministerio Público.
Una cadena de irregularidades bajo investigación
El informe de la Dirección de Control no se limita a identificar problemas de liquidez o retrasos en el pago de proveedores. Sus observaciones apuntan también a posibles incumplimientos de las normas que regulan la administración, custodia y utilización de recursos públicos, algunos de estos puntos podrían ser aclarados por el Ministerio Público.
Uno de los antecedentes más graves corresponde a las transferencias de dinero desde cuentas institucionales a la cuenta bancaria personal de Felipe Farfán.
El documento cuestiona estas operaciones a la luz de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece principios de probidad, responsabilidad y control en el ejercicio de las funciones públicas.
En particular, las transferencias plantean interrogantes sobre el resguardo del patrimonio municipal y los mecanismos de supervisión que debían operar respecto de los funcionarios encargados de administrar los recursos.
A ello se suman las observaciones sobre la gestión contable, vinculadas con las disposiciones del Decreto Ley N.º 1.263, que regula la administración financiera del Estado.
La existencia de obligaciones no registradas, facturas vencidas y movimientos de recursos cuya trazabilidad debe ser aclarada obliga a examinar si se cumplieron las exigencias presupuestarias y contables aplicables.
También aparecen comprometidos los deberes funcionarios establecidos en la Ley N.º 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, particularmente respecto de la correcta utilización de bienes y recursos institucionales.
Otro capítulo corresponde a los $45,5 millones destinados a programas de salud que, según el informe, no fueron ejecutados.
Estos recursos habían sido transferidos por el Servicio de Salud para financiar prestaciones o iniciativas específicas. Su falta de ejecución y eventual restitución plantean interrogantes sobre la planificación, administración y rendición de los fondos recibidos.
Las obligaciones de rendición de cuentas se encuentran reguladas por la normativa de la Contraloría General de la República, particularmente la Resolución N.º 30 de 2015 y sus modificaciones, cuya aplicación concreta deberá ser examinada conforme a la naturaleza de las transferencias.
La acumulación de observaciones contables, presupuestarias y administrativas configura un escenario que trasciende la actuación individual del funcionario que será formalizado.
La pregunta de fondo es cómo pudieron mantenerse durante un período prolongado transferencias cuestionadas, obligaciones impagas y recursos pendientes de ejecución sin que los mecanismos de control detectaran y corrigieran oportunamente las inconsistencias.
Para Pablo Alarcón, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae, el caso exige una investigación que permita establecer las responsabilidades de quienes participaron en la administración y supervisión de los recursos.
“Esta situación exige una investigación acuciosa por parte de la municipalidad. Sin embargo, más allá de la crisis interna a nivel comunal, esto deja en evidencia que el rol de la Contraloría es muy importante porque dentro de sus funciones legales y constitucionales la entidad interviene mediante auditorías públicas, las cuales van a permitir analizar las causas del descalabro y determinar las responsabilidades individuales”, comenta el abogado.
La eventual responsabilidad penal de los involucrados deberá establecerse en sede judicial, mientras que las infracciones administrativas serán materia de los sumarios instruidos por el municipio.
“No estamos aquí para encubrir a nadie”
El alcalde de Placilla, Marcelo González, reconoció la gravedad de los antecedentes detectados y aseguró que la administración municipal adoptó medidas para esclarecer las irregularidades.
Según explicó a la Unidad de Investigación de Bío Bío, tras conocerse las inconsistencias financieras se dispuso la apertura de sumarios administrativos, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público el pasado 15 de septiembre y se remitieron antecedentes a la Contraloría General de la República.
El jefe comunal sostuvo que existe una responsabilidad institucional respecto del funcionamiento de los servicios municipales, aunque planteó la necesidad de distinguir esa obligación de las eventuales responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados.
“Como alcalde tengo absolutamente claro que existe una responsabilidad institucional respecto del funcionamiento de nuestros servicios municipales y no voy a eludir ese deber. Sin embargo, también debemos ser claros, una cosa es la responsabilidad de dirigir y supervisar una institución y otra muy distinta son las eventuales obligaciones individuales por hechos que puedan constituir delitos”, sostuvo.
Asimismo, la autoridad enfatizó que el municipio colaborará con las investigaciones destinadas a esclarecer el destino de los recursos.
“No estamos aquí para justificar irregularidades ni para encubrir a nadie. Estamos aquí para esclarecer los hechos, colaborar con la justicia y proteger los recursos que pertenecen a todos los vecinos de nuestra comuna de Placilla”.
La formalización de Felipe Farfán abre ahora una nueva etapa en una investigación que, por sus alcances, va más allá de las transferencias detectadas en su cuenta bancaria personal.
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