La discusión sobre eventuales medidas humanitarias para condenados por crímenes de lesa humanidad abrió un flanco de tensión en la oposición. Esto luego de que Carolina Tohá y el senador Fidel Espinoza (PS) plantearan considerar la situación de salud de los reclusos con enfermedades terminales.
Sus declaraciones reactivaron las diferencias en la centroizquierda sobre los límites de este tipo de medidas y cómo compatibilizar criterios humanitarios con las demandas de justicia y memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La controversia se instaló luego de que Tohá defendiera la posibilidad de que personas en fase terminal puedan pasar sus últimos días junto a sus familias. La exministra precisó que su planteamiento no apunta necesariamente a recurrir a indultos presidenciales, sino a explorar mecanismos institucionales que permitan abordar estos casos.
En esa línea, el senador Espinoza también respaldó la necesidad de considerar criterios humanitarios para quienes enfrentan enfermedades terminales.
Tensión en la centroizquierda por medidas humanitarias
A estas posturas se sumaron otras voces que han planteado alternativas al indulto presidencial, aunque la iniciativa no ha encontrado un respaldo transversal en la oposición.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Bassa cuestionó duramente los dichos de Tohá, calificándolos como “profundamente equivocados y políticamente irresponsables”.
“Es inaceptable utilizar el caso Aliste Vega para abrir un debate sobre beneficios penitenciarios para condenados por crímenes de lesa humanidad, porque la humanidad no puede ser una excusa para relativizar delitos cometidos por el Estado. Tohá debiera saber que en materia de derechos humanos no hay espacio para la impunidad”, expresó.
En tanto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, marcó distancia de la propuesta y recordó que su colectividad definió que “no puede haber ningún espacio para la impunidad”.
“Quienes cumplen condenas hoy día en los distintos recintos penitenciarios por violaciones a los derechos humanos, lo hacen por hechos gravísimos, como el secuestro, la tortura, el homicidio calificado, de manera tal que esas personas están cumpliendo sentencias y no hay ninguna posibilidad de que desde nuestro partido respaldemos los indultos presidenciales”, sostuvo.
Las diferencias reflejan las distintas posiciones que conviven en la centroizquierda frente al tratamiento de condenados por violaciones a los derechos humanos que enfrentan enfermedades terminales.
Mientras algunos dirigentes ponen el acento en las condiciones humanitarias de los reclusos, otros advierten sobre el riesgo de debilitar las exigencias de justicia y las demandas de las víctimas.
El debate se desarrolla, además, en medio de las solicitudes de indulto promovidas por sectores de derecha y de la discusión sobre el rol que debe asumir el Gobierno frente a estos casos.
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