El sentido común indica que conducir un camión cargado con gas licuado no es un oficio cualquiera. Se trata del traslado de una sustancia inflamable por calles, barrios, colegios y zonas densamente pobladas, una actividad que exige responsabilidad absoluta y reforzada de las empresas, sumado a capacitación y controles permanentes, al menos es lo que la población imaginaría.
Pero ese estándar aparece tensionado por el historial de infracciones de la Distribuidora de Gas Licuado Gas Las Naciones I SpA, empresa que distribuye gas de la empresa Gasco. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a un listado de multas que mantiene la empresa. Desde 2024 a la fecha, la compañía acumula más de 300 multas de tránsito: pasos por pórticos sin TAG, circulación por vías exclusivas, estacionamientos indebidos y otras faltas.
Entre ellas, hay infracciones de una naturaleza particularmente sensible y que apuntan a choferes que la citada empresa le ha entregado camiones cargados con cilindros de gas pese a no tener licencia de conducir con clasificación para ese fin.
Las infracciones emitidas por falta de licencia suman al menos seis casos cursados entre mayo de 2025 y febrero de 2026, en Conchalí, Santiago, La Cisterna, Estación Central y Lo Barnechea. Tres corresponden a choferes sorprendidos conduciendo sin haber contenido licencia; las otras tres, a facilitar el vehículo a personas que no contaban con la autorización correspondiente.
Sin embargo, la cifra podría ser mayor. La revisión que realizó la Unidad de Investigación de códigos QR incorporados en multa del Juzgado de Policía Local de Santiago permitió identificar otras tras infracciones asociadas a vehículos de la flota.
En total, son al menos nueve sanciones que abren interrogantes sobre los filtros de contratación, supervisión y control aplicados a quienes trasladan una carga que, por su naturaleza, pueda constituir un peligro público.
Basta recordar lo que sucedió el 19 de febrero de este año, cuando un camión de la empresa Gasco volcó y explotó en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, dejando un saldo de 15 fallecidos. Fue la muestra más cruda del peligro que constituye el traslado de gas licuado y de la importancia de que el manejo de esta carga quede en manos de alguien que sepa exactamente qué hacer.
Una licencia que no es un trámite
La Ley de Tránsito exige licencias profesionales clase A-4 para conducir vehículos simples destinados al transporte de carga y A-5 para vehículos simples o articulados. No se trata de una mera formalidad administrativa sino que se trata de una acreditada preparación específica para conducir vehículos de mayor tonelaje y enfrentar condiciones de riesgo del transporte de carga, incluso si se trata de camiones ¾ cargados de cilindros.
El artículo 196 D de la misma ley sanciona a quien conduzca sin la licencia requerida con penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio. A su vez, facilitar un vehículo a una persona que no cuenta con licencia constituye una falta grave, conforme al artículo 198 N°5.
Para Juan Bazaez, presidente del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgo de Chile, el riesgo radica precisamente en lo que un conductor sin preparación puede desconocer de la normativa y del oficio mismo.
“Hay un desconocimiento del riesgo de lo que se transporta, de los estándares de seguridad. Una persona que no tenga esas características no conoce la rotulación, los sistemas de extinción ni las velocidades, tratándose de un producto que en este caso es inflamable”, señala el ingeniero en prevención de riesgo.
Consultada por las infracciones y por sus mecanismos de control sobre conductores y camiones, Gas Las Naciones indicó que no entregaría declaración. Tampoco se hicieron cargo de las preguntas que la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío les cursó.
Las exigencias para transportar gas
El traslado de gas licuado está sujeto, además, al Decreto Supremo N°108 del Ministerio de Energía, que regula la seguridad en el almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado.
La normativa establece, entre otras obligaciones, la cantidad, tipo y ubicación de los extintores que deben portar los camiones o vehículos en general autorizados para ese fin. También prohíbe dejar los camiones o camionetas cargados en accesos públicos, salvo en situaciones de emergencia.
El registro de infracciones de la empresa incluye al menos 12 multas por estacionamientos indebidos; obstrucción de accesos, estacionamientos sobre veredas, en lugares prohibidos y áreas verdes. A ello se suma una sanción por estacionar frente grifos y otra falta grave apunta a portar extintores vencidos, una de esas multas cursada en Melipilla.
Fiscalización fragmentada
La supervisión de esta actividad recae en distintos organismos y empresas. La SEC fiscaliza aspectos de seguridad y calidad de los combustibles; Carabineros e inspectores municipales controlan el cumplimiento de la Ley de Tránsito; y las compañías de gas mantienen contratos con distribuidores que contemplan exigencias sobre personal calificado y cumplimientos normativos.
Según fuentes que conocen los contratos, estos incorporan sanciones e incluso la posibilidad de suspensión ante incumplimientos.
En este caso Gasco y las distribuidoras, comprenden cláusulas detalladas, especificando la contratación de personal calificado y el cumplimiento de las normativas de transporte. Asimismo, se comprenden sanciones y en algunos casos la suspensión del contrato por no cumplimiento. Esto aseguraron fuentes ligadas al rubro que conocen del tema.
Al ser consultados por el caso de Gas Las Naciones, Gasco aseguró que “los distribuidores en la industria del gas licuado son empresas independientes que administran de forma autónoma su operación y contrato de personal”. La compañía añadió que capacita, monitorea y contribuye a fiscalizar el cumplimiento de las normativas aplicables.
El desafío no es menor. De acuerdo con la información entregada por la SEC vía Transparencia, en enero de este año gas Las Naciones contaba con una flota de 100 camiones destinados al transporte y distribución de cilindros de gas licuado.
“Cuando hay un producto de estas características que presenta un peligro para la comunidad, debe haber un control desde la salida hasta el destino final del producto. Cuando no hay ese control entra a fallar también el Estado. El Estado también es responsable de este control, tiene que ser firme en lo que es el traslado”, advierte Bazaez.
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