Según la bancada de la UDI, el Gobierno accedió a eliminar una disposición incluida en la reforma al mercado de capitales -conocida como MK4-, que buscaba modificar la actual Ley de Fraudes y que, a juicio de diputados de la UDI, podía perjudicar a víctimas de estafas bancarias.
El anuncio fue realizado por la jefa de la bancada, Flor Weisse, junto con los diputados Jaime Coloma, Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero, quienes aseguraron que recibieron la confirmación directamente desde el Ministerio de Hacienda.
La norma cuestionada proponía modificar la Ley 20.009, rebajando de “culpa grave” a “culpa leve” el estándar de responsabilidad exigido a clientes en casos de extravío, hurto, robo o fraude bancario. Según los parlamentarios, este cambio podía reducir las garantías para quienes efectivamente son víctimas de operaciones fraudulentas.
A fines de septiembre, los legisladores gremialistas ya habían anunciado que votarían en contra de esta disposición, argumentando que, si bien es necesario perseguir este delito, las medidas no deben perjudicar a los usuarios afectados.
En ese sentido, sostuvieron que las instituciones financieras deben fortalecer sus mecanismos para detectar operaciones sospechosas y prevenir estafas, en lugar de trasladar mayor responsabilidad a los clientes.
Norma sería eliminada mediante una indicación
De acuerdo con lo informado por los diputados, el Gobierno materializaría esta decisión a través de una indicación que debería presentarse cuando el proyecto sea votado en particular en la Comisión de Hacienda.
En este contexto, indicaron que “las verdaderas víctimas de estafas bancarias no pueden quedar en una situación de desprotección por las vulnerabilidades que existen en el sistema financiero”
“Si queremos combatir a las bandas que cometen estos delitos y a quienes se aprovechan de la actual legislación para cometer autofraudes, tenemos toda la disposición de hacerlo, endureciendo las sanciones y fortaleciendo los mecanismos de prevención, pero lo que no podemos permitir es que esas medidas terminen perjudicando a miles de clientes que efectivamente han sido víctimas de una estafa y que requieren respuestas”, manifestaron los legisladores.
En esa línea, valoraron que Hacienda accediera a retirar la disposición, que, según señalaron, “terminaba debilitando la protección de los usuarios”.
Fraudes contra adultos mayores
Otro de los argumentos planteados por los parlamentarios fue el aumento de los fraudes bancarios que afectan a los adultos mayores.
Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito expresadas por los diputados, los casos pasaron de 1.969 en 2018 a 9.180 en 2025.
“Cuando miles de adultos mayores son víctimas de estos fraudes, entre otras razones por las dificultades que algunos enfrentan para adaptarse a los avances tecnológicos, la respuesta del Estado no puede ser dejarlos en una situación de indefensión, sino que garantizar su seguridad”, dijeron al respecto.
Finalmente, reiteraron su disposición a respaldar medidas que permitan combatir estos delitos y reforzar los mecanismos de prevención, pero sin perjudicar a los clientes afectados.
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