La Asociación Gremial Legaltech Chile (Altech A.G.), que agrupa a 21 empresas que proveen servicios digitales a las instituciones de la administración de justicia, respondió a la solicitud del Comité de Jueces Civiles de Santiago de prohibir el uso de inteligencia artificial para el ingreso de escritos judiciales.
El gremio sostuvo que el caso debe analizarse con criterios técnicos, advirtió que la automatización no implica necesariamente el uso de IA y llamó a regular estas herramientas en lugar de prohibirlas.
La declaración surge luego de que los jueces civiles solicitaran a la Corte Suprema restringir el uso de inteligencia artificial en este tipo de trámites, tras detectar que un abogado ingresó cerca de 40 mil escritos en apenas dos días mediante un sistema automatizado, lo que —según denunciaron— sobrecargó el funcionamiento de los tribunales.
Frente a ese escenario, Altech afirmó que comparte la preocupación por cualquier situación que pueda afectar la continuidad del servicio judicial. Sin embargo, advirtió que es un error atribuir automáticamente estos hechos al uso de inteligencia artificial.
“La transformación digital debe contribuir a una justicia más eficiente y no generar cargas operacionales que ni la plataforma de la Oficina Judicial Virtual ni el sistema de justicia estén en condiciones de procesar adecuadamente”, señaló la asociación.
“Automatizar no es lo mismo que usar IA”
Uno de los principales puntos planteados por el gremio es que el ingreso automatizado de documentos no supone, necesariamente, el uso de inteligencia artificial.
Por ello, sostuvo que una regulación adecuada debe diferenciar entre inteligencia artificial, automatización de procesos, robotización y otras herramientas tecnológicas, enfocándose en las conductas y sus efectos, más que en prohibir una tecnología de forma genérica.
Asimismo, indicó que el volumen de escritos ingresados tampoco basta, por sí solo, para calificar una actuación como abusiva.
A juicio de Legaltech, esa determinación debe considerar los antecedentes específicos de cada caso, las obligaciones profesionales de los abogados y las normas aplicables, respetando el debido proceso y evitando prejuzgar responsabilidades.
Piden fortalecer la infraestructura judicial
La asociación también advirtió que el episodio deja en evidencia un desafío mayor para el sistema judicial frente al avance de la automatización.
En ese sentido, planteó que la respuesta institucional no debería limitarse a restringir herramientas tecnológicas, sino que también debiera contemplar el fortalecimiento de la infraestructura digital, el rediseño de procesos y el desarrollo de plataformas capaces de soportar operaciones de alto volumen de manera segura y eficiente.
Además, sostuvo que cualquier limitación al acceso de la Oficina Judicial Virtual debe ser objetiva, proporcional, temporal y revisable, evitando afectar actuaciones legítimas de abogados o restringir arbitrariamente el acceso de las personas a la justicia.
Finalmente, Legaltech manifestó su disposición a colaborar con el Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, colegios profesionales y la academia para elaborar estándares que permitan avanzar hacia una regulación del uso de tecnologías en la tramitación judicial.
“El desafío no es escoger entre tecnología y justicia. El desafío es construir una justicia capaz de utilizar responsablemente la tecnología, la que debe estar al servicio de las personas”, concluyó la organización.
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