La disputa por la solicitud de datos de menores usuarios del PAIG que hizo la Contraloría General de la República al Ministerio de Salud, sigue escalando.
La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Contraloría General de la República, representada por Dorothy Pérez, buscando frenar la entrega de antecedentes personales de niños, niñas y adolescentes atendidos en el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG).
La acción judicial se dirige contra los oficios mediante los cuales el órgano fiscalizador solicitó al Ministerio de Salud la nómina de beneficiarios del programa PAIG, incluyendo datos que permiten identificar a los menores atendidos entre 2023 y 2025. La Contraloría sostuvo esta semana que la información es necesaria para verificar la correcta ejecución de recursos públicos en el marco de una auditoría.
Sin embargo, la Defensoría argumentó en la acción judicial -a la que accedió BioBioChile- que la solicitud compromete datos sensibles de menores de edad y que su eventual entrega podría vulnerar derechos fundamentales como la vida privada, la integridad psíquica y la igualdad ante la ley.
Defensoría de la Niñez presenta recurso por solicitud de datos del PAIG
En este caso, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille Vera, recurrió en favor de un adolescente de 15 años y también de todos los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAIG, aun cuando no estén individualizados uno a uno, argumentando que se trata de un grupo “determinable” cuyos derechos podrían verse afectados.
Además de pedir que se declare ilegal la actuación de la Contraloría, la Defensoría solicitó una orden de no innovar, es decir, que se suspenda provisionalmente la exigencia de entrega de datos mientras se resuelve el fondo del asunto.
La polémica previa
La acción judicial se enmarca en la controversia que se abrió a mediados de enero, cuando la Contraloría envió el oficio al Ministerio de Salud requiriendo antecedentes detallados de los beneficiarios del PAIG en el marco de una auditoría sobre el uso de fondos públicos.
Desde el órgano contralor se ha defendido que la fiscalización del uso de recursos del Estado requiere verificar que las prestaciones efectivamente se hayan realizado.
La controversia también llegó a otras cortes del país, donde se han presentado acciones similares, mientras el Ministerio de Salud quedó en el centro del debate respecto de si debe o no entregar los datos requeridos.
Ahora será la Corte de Apelaciones la que deberá pronunciarse, primero sobre la eventual orden de no innovar y, posteriormente, sobre el fondo del recurso: si la facultad fiscalizadora de la Contraloría puede ejercerse en estos términos o si, en este caso, excede los límites que imponen la Constitución y las normas de protección de datos y derechos de la niñez.
Enviando corrección, espere un momento...
