La Contraloría General de la República (CGR) encendió una señal de alerta mayor sobre el funcionamiento de áreas críticas del Estado vinculadas a la seguridad pública como son las cárceles.
El Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N°1 de 2025, elaborado por la División de Fiscalización, reúne los principales hallazgos detectados en 62 informes de auditoría, correspondientes al período enero de 2023 – julio de 2025, varios de ellos catalogados como reservados por contener información sensible.
El diagnóstico es transversal: cárceles sin control efectivo, armas sin trazabilidad y drogas incautadas sin custodia confiable. Un cuadro que, según el propio órgano contralor, puede tener efectos directos en la ciudadanía y en la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.
Cárceles permeables y control tecnológico insuficiente
En el ámbito penitenciario, los hallazgos describen un sistema con brechas operativas persistentes.
De los 79 recintos penitenciarios de régimen cerrado existentes en el país, solo 10 cuentan con sistemas de inhibición de señal de telefonía celular, lo que equivale apenas a un 12,7%. De esos sistemas, siete bloquean señal 2G y solo tres 5G, pero incluso así se detectaron períodos sin bloqueo efectivo y fallas en la oportunidad de su activación. A ello se suma un hecho clave: los teléfonos igualmente pueden conectarse a internet vía WiFi, neutralizando el objetivo del sistema.
La Contraloría también constató una falta total de planificación de allanamientos ordinarios. En 2024, 70 de los 79 establecimientos no programaron este tipo de procedimientos, considerados básicos para el control interno.
En paralelo, el informe detectó 1.279 internos que recibieron visitas pese a tener prohibición y 1.539 personas que accedieron a recintos penitenciarios aun estando vetadas. Especial atención genera el ingreso de 479 personas registradas como “abogados privados”, sin que se pudiera acreditar su condición profesional.
Control fronterizo y policial: fallas operativas graves
Las deficiencias no se limitan al sistema carcelario. En el control fronterizo, funcionarios del Ejército y Carabineros desplegados en zonas críticas operaban sin exámenes para trabajo en altura, con capacidades médicas limitadas y sin certificaciones en habilidades de combate, incumpliendo estándares mínimos para tareas de soberanía.
Además, no se realizaron todas las visitas a hitos fronterizos ni los patrullajes establecidos por norma, y el Estado no cuenta con un registro centralizado de personas sorprendidas ingresando al país por pasos no habilitados.
En materia de orden público, la Contraloría detectó 25 vehículos policiales con cámaras no operativas, funcionarios asignados a labores sin evaluación psicológica o incluso con resultado “no apto”, y carencias de certificación para el uso de armamento menos letal.
El control vehicular tampoco escapa al cuestionamiento. Según el informe, 626 vehículos con encargo por robo no fueron recuperados, y a noviembre de 2024 358 seguían en búsqueda. Más grave aún, 144 personas con órdenes judiciales vigentes —por delitos como abuso sexual, tráfico de drogas o porte ilegal de armas— fueron fiscalizadas sin ser detenidas.
A ello se suman 145.715 controles de tránsito en los que no se consultaron las patentes en el sistema oficial, y 869 infracciones graves que debían implicar el retiro del vehículo, lo que finalmente no ocurrió.
Armas sin control y municiones sin respaldo administrativo
En el capítulo de control de armas y municiones, el panorama es igualmente crítico. La Contraloría detectó armas no registradas en planillas de control, falta de documentación de respaldo y ausencia de trazabilidad en instituciones policiales y militares.
En la PDI y Gendarmería se constató que los sistemas que soportan la recepción, control y distribución de armamento carecen de registros confiables, mientras que en la Armada de Chile ni siquiera existe un sistema informático para registrar la asignación y devolución de armas. El informe advierte, además, que funcionarios desvinculados de la PDI aún mantenían armas asociadas en los sistemas.
En la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) se identificaron personas con condenas vigentes que conservaban armas registradas, adquisición de municiones por sobre el límite permitido y personas fallecidas con trámites activos y armas sin respaldo documental. A esto se suman municiones dadas de baja sin acto administrativo, y otras derechamente no dadas de baja pese a estar inutilizables.
Drogas incautadas: retrasos, diferencias de peso y custodia deficiente
Uno de los capítulos más sensibles del informe es el relativo a la incautación y destrucción de drogas. La Contraloría detectó incumplimientos del plazo legal de 24 horas para enviar actas de recepción y cadenas de custodia desde las policías a los servicios de salud, con retrasos de hasta 288 días.
Se identificaron diferencias de peso significativas entre lo informado por las policías y lo registrado por los servicios de salud, con variaciones que van desde –2.100 hasta +32.999,5 gramos, además de inventarios que no cuadran con los registros oficiales. Pese a ello, no existen parámetros estandarizados que definan márgenes tolerables de diferencia.
Las condiciones de custodia también fueron cuestionadas: salas policiales usadas como bodegas comunes, recintos de salud con deficiencias de seguridad, y retrasos de hasta 189 días en la destrucción de drogas, pese a que la ley fija un plazo máximo de 15 días.
El informe agrega hallazgos en hospitales y farmacias: medicamentos controlados vencidos o en mal estado —como morfina, clonazepam y diazepam—, falta de químicos farmacéuticos, debilidades de seguridad y 33.732 documentos pendientes de revisión en el ISP, vinculados a recetas y guías de despacho de estupefacientes.
Sumarios, denuncias y antecedentes a la Fiscalía
Las observaciones no quedaron solo en el diagnóstico. A partir de estos hallazgos, la Contraloría informó la instrucción de 3 procedimientos disciplinarios directos, 35 procesos sumariales en las entidades fiscalizadas y el envío de 9 informes al Ministerio Público, uno de ellos también remitido al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación.
El documento cierra con una advertencia implícita: las falencias no son hechos aislados, sino patrones reiterados en áreas estratégicas del Estado. Un escenario que, a juicio del órgano contralor, debilita la capacidad institucional para enfrentar el delito, expone riesgos de corrupción y compromete la seguridad pública en su conjunto.
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