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El candidato José Antonio Kast generó controversia al afirmar que la Ley de Violencia Integral contra la Mujer ha aumentado los femicidios porque el Gobierno no consideró las propuestas de su sector, cuestionando la efectividad de las leyes con nombres. El Gobierno respondió desmintiendo esta premisa, explicando que si bien ha habido un aumento en femicidios frustrados, las cifras consumadas no han mostrado un alza sostenida.
El candidato José Antonio Kast abrió un flanco político inesperado durante el debate presidencial de la Archi, al afirmar que la Ley de Violencia Integral contra la Mujer “ha aumentado los femicidios” porque —según él— el Gobierno no consideró las propuestas de su sector.
Kast sostuvo que “cunden las leyes con nombres y los resultados siguen siendo iguales o peores”, y que Chile enfrenta hoy “más homicidios” pese al reforzamiento institucional.
Consultado por los datos recientes —el supuesto alza en femicidios consumados y un alto número de casos frustrados este 2025— Kast insistió en que la causa no está en la estructura del Ministerio de la Mujer —al que dijo no tener intención de fusionar— sino en que el Ejecutivo desestimó sus observaciones durante la tramitación de la ley.
“Cada una de las instituciones tiene una línea de trabajo, pero no vamos a engañar más a las personas. Aquí cunden las leyes con nombres y los resultados siguen siendo iguales o peores. Hoy día Chile tiene más homicidios”, acusó.
“¿Cuál fue el resultado de la ley? Aumentar los femicidios, porque no consideraron nuestras opiniones”, sentenció. “No consideraron nuestras observaciones de cómo hacerlo para que efectivamente bajaran los femicidios”, insistió.
Las declaraciones obligaron al Gobierno a reaccionar con cifras oficiales. Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la ministra Antonia Orellana desmintió la premisa central del candidato.
El matiz, explicó la ministra, está en otra curva: los femicidios frustrados sí han aumentado —un fenómeno documentado en los informes oficiales—, lo que podría reflejar un mayor registro, denuncia y controles preventivos.
La secretaria de Estado recalcó que, desde que el femicidio comenzó a ser tipificado como figura legal independiente —hace poco más de una década— las cifras consumadas no muestran un alza sostenida, por lo que cuestionó la interpretación del candidato.
Finalmente, Orellana aclaró que tampoco es cierto que la razón para llevar la ley al Tribunal Constitucional haya sido su oposición al combate a la violencia de género. El recurso —dijo— se presentó por la frase referida a “educación no sexista”, que no tiene ninguna relación directa con los femicidios.
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