¿El populismo es malo o es lo que quieren que creamos?

El concepto de populismo ha sufrido una caricaturización sistemática que suele impedir un debate serio sobre sus causas y su función estructural. Lejos de reducirse a la demagogia irracional, un populismo bien comprendido opera como un mecanismo de nivelación frente a un orden que ha quedado obsoleto. Como planteó el politólogo argentino Ernesto Laclau en La razón populista, el populismo no es una patología ideológica, sino una lógica social fundamental, “el populismo es, simplemente, un modo de construir lo político”.

Para Laclau, el fenómeno emerge cuando un conjunto de demandas sociales no resueltas se articulan frente a un sistema institucional incapaz de absorberlas, constituyendo un “pueblo” que se enfrenta a un poder enquistado.

En la historia política de Chile, el molde institucional de matriz portaliana (plasmado originalmente en la Constitución de 1833) justificaba el dominio de una élite educada sobre una población mayoritariamente analfabeta y desconectada del conocimiento técnico. En aquel siglo XIX, esa estructura jerárquica poseía una lógica funcional; sin embargo, extender esa misma premisa al siglo XXI resulta insostenible frente a una sociedad profundamente escolarizada, profesionalizada y capacitada para autogobernarse.

Para entender esta tensión, resulta ilustrativa la analogía de una familia en la que los padres toman todas las decisiones familiares cuando sus hijos son niños e inexpertos. Con el paso de las décadas, esos hijos crecieron, se formaron, adquirieron oficios, títulos y experiencias de vida complejas. Sin embargo, los padres insisten en mantener la misma estructura de decisiones, administrando el presupuesto y dictando las reglas del hogar bajo la premisa de que los hijos “no comprenden el funcionamiento de la casa”. En esta dinámica, las protestas o demandas de los hijos por mayor participación no surgen del capricho, sino de la constatación de que la jefatura del hogar ya no posee el monopolio del saber ni responde a las necesidades reales de quienes componen esta familia.

Esta desconexión entre la élite decisional y la experiencia ciudadana queda en evidencia cuando las soluciones institucionales se diseñan exclusivamente desde gabinetes desvinculados del territorio. El fenómeno no radica en una falta de competencias técnicas, sino en una ceguera de origen, dado que, por ejemplo, al evaluar el transporte público desde una planilla de cálculo se puede concluir erróneamente que la saturación en hora punta se resuelve pidiendo a la gente que madrugue más (si esto les suena de algún ministro chileno es mera coincidencia), ignorando las dinámicas humanas y estructurales que determinan la vida cotidiana. La experiencia empírica de quien habita el problema, combinada con la preparación técnica actual, ofrece respuestas incomparablemente más profundas que la sola visión de un escritorio administrativo en un pulpito.

Cuando observamos la historia cotidiana de nuestras comunidades, queda en evidencia que las grandes transformaciones que sostienen el bienestar diario no nacieron de decretos cupulares ni de la benevolencia de las élites, sino de la autoorganización y la inventiva de la ciudadanía común.

Durante el siglo XIX y principios del XX, en pleno apogeo del Estado oligárquico, no existían sistemas de salud pública, cajas de previsión, pensiones ni escuelas nocturnas para la población trabajadora. Fue la propia ciudadanía que ideó las primeras Sociedades de Socorros Mutuos (iniciadas con la Unión Tipográfica en 1853 y masificadas por artesanos e intelectuales populares) para crear fondos comunes ante enfermedades, invalidez o fallecimiento, fundando además las primeras escuelas vespertinas y bibliotecas populares de autogestión.

Aquella seguridad social primaria no fue una concesión técnica de los escritorios del poder; fue una invención comunitaria nacida del esfuerzo diario para resolver carencias reales que la estructura formal simplemente no tenían en agenda.

Este patrón de respuesta ciudadana frente a la insuficiencia institucional se repite de forma sistemática a lo largo del tiempo. Durante las crisis económicas y sociales más severas del siglo XX y de las décadas recientes, la supervivencia y la cohesión de los barrios volvieron a descansar en respuestas levantadas desde la base, como las ollas comunes y las redes de abastecimiento comunitario.

Del mismo modo, en el ámbito contemporáneo, herramientas fundamentales para la democratización del conocimiento y el desarrollo tecnológico global (como el software libre, las enciclopedias colaborativas o la formación de juntas de vecinos y comités de vivienda) han emergido del trabajo asociativo de personas comunes que decidieron aportar soluciones concretas sin esperar la venia ni el diseño de una cúpula. La innovación social más profunda siempre ha germinado allí donde la experiencia vivida se transforma en acción colectiva.

Toda esta fractura de representatividad desemboca directamente en un concepto analítico clave, “la gobernanza”. Entendida no como el mero acto de gobernar desde un cargo estatal, sino como la capacidad social de coordinar a actores públicos, privados y ciudadanos para tomar e implementar decisiones legítimas sobre el rumbo colectivo, la gobernanza depende enteramente de la confianza.

La pérdida paulatina de gobernanza que experimentan tanto Chile como diversas democracias a nivel global responde precisamente a un sentimiento extendido de abandono, segregación y marginalidad técnica respecto a las cúpulas de poder.

Cuando la ciudadanía constata que las instituciones operan como estructuras cerradas e impermeables a sus vivencias, la credibilidad de las autoridades se erosiona de raíz. Sin legitimidad percibida, los marcos institucionales pierden su efectividad operacional; las leyes y políticas públicas pasan a ser vistas no como un pacto social integrador, sino como reglas impuestas por una élite que gestiona el Estado en beneficio propio, a propósito de la discusión dada en el congreso sobre la megarreforma del gobierno de Kast.

Esta realidad explica la desconfianza ciudadana hacia la autoridad, que no nace del impulso destructivo, sino de una exigencia de sentido. Entonces la palabra “populista” se utiliza como un estigma genérico, muchas veces el objetivo no es resguardar la democracia, sino proteger la posición de una minoría que se arroga la exclusividad de la guía social.

Frente a este desplazamiento de los saberes comunes y la experiencia vivida, cobra pleno sentido aquel pasaje bíblico reflejado en el Proverbios (1:20): “La sabiduría hace oír su voz en las calles; clama en la plaza pública”. Los aportes fundamentales, la innovación técnica y los verdaderos avances sociales no han emergido históricamente de los salones de la hegemonía, sino de la base social que el sistema solía desestimar. Reevaluar nuestra arquitectura organizacional y recuperar la gobernanza perdida no es un ataque a la excelencia, sino un reconocimiento tardío e ineludible de una madurez colectiva.