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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La CUT encendió alarmas tras fallo de la Corte que niega la "confianza legítima" a trabajadores públicos. La vicepresidenta de la organización criticó la decisión de la Corte Suprema que desecha esta figura, la cual permitía a trabajadores a contrata confiar en la continuidad de su empleo. La CUT ve en este fallo una vulneración de derechos laborales y ciudadanos, exigiendo al Gobierno y Parlamento una reforma profunda para garantizar estabilidad laboral.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) encendió sus alarmas tras la ratificación de la sentencia emanada por la Corte de Apelaciones que determinó la denominada “confianza legítima” carece de consagración normativa en el ordenamiento jurídico chileno.

Por medio de Silvia Silva, vicepresidenta de gestión y finanzas, la organización laboral se mostró crítica con el fallo de la Corte Suprema.

Cabe recordar que el concepto de “confianza legítima” plantea que si un trabajador a contrata, recibía señales consistentes de una institución pública, como renovaciones constantes de su contrato, podía confiar en que seguiría trabajando, algo que fue desechado por la justicia.

Según lo consignado por Emol, la CUT ve “con alarma este fallo, ya que no está solo vulnerando las garantías y derechos de los trabajadores, sino también el de la misma ciudadanía. Lo preocupante es que además se generan las condiciones para reducir el Estado, debilitando los derechos ciudadanos”.

CUT en “alarma” por confianza legítima

En este sentido, Silvia Silva, “desde la CUT no concebimos un fallo de esta envergadura, que atenta directamente contra el empleo público. Y demandamos con urgencia al Gobierno y al Parlamento a que aceleren una reforma profunda al sistema de empleo público que termine con la precarización y establezca mecanismos que garanticen continuidad y estabilidad laboral para quienes cumplen funciones permanentes“.

“No puede haber modernización del Estado mientras subsistan formas de contratación que vulneran los derechos básicos“, puntualizó la mujer.

Finalmente, añadió que “es inaceptable que el propio Estado mantenga plantas de un 22,1%, contratas de un 55,6%, honorarios de un 5,6% y entre otros un 16,7% vínculos laborales inestables reproduciendo desigualdades que se niegan el principio del trabajo decente y los convenios ratificados internacionalmente”.