“Frente a este escenario excepcional, se hace imperativo contar con información actualizada y transparente”, escribió el fiscal nacional, Ángel Valencia, en la presentación del Informe Estadístico del Estallido Social.
El documento, de más de un centenar de páginas, fue elaborado por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión junto a la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional.
Su publicación no es casual: responde a una solicitud expresa del actual jefe del Ministerio Público, tras años de críticas por la falta de resultados en las causas derivadas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la crisis de octubre de 2019.
El informe se conoce a un día de que se cumplan seis años del inicio del estallido, con una intención meridianamente clara: mostrar el esfuerzo institucional por reordenar y transparentar cifras, en contraste con la dispersión y descoordinación que marcó la etapa previa a la gestión de Valencia.
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32 mil casos y un colapso judicial
Entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se registraron 32.901 casos, que concentraron 35.146 delitos, 21.766 imputados y 20.727 víctimas.
El sistema penal se vio “desafiado no solo por el volumen, sino también por la complejidad y gravedad de los hechos”, señala el texto.
La mayor carga recayó en la región Metropolitana, que concentró casi la mitad de los ingresos (46,9%). Las fiscalías Oriente y Centro Norte encabezaron los registros, seguidas por Valparaíso y Antofagasta. El peak nacional se produjo el 20 de octubre de 2019, apenas un día después del decreto de Estado de Emergencia: 2.420 delitos en 24 horas.
“Fue una crisis sin precedentes”, dice el informe. “El Ministerio Público debió redireccionar recursos, designar fiscales preferentes y crear equipos de derechos humanos para atender denuncias en hospitales y centros de salud”.
Violencia institucional: 11.506 causas
El informe revela que la violencia institucional, cometida por agentes del Estado, fue el fenómeno más numeroso, con 11.506 causas y 12.002 delitos registrados.
El 70,4% correspondió a apremios ilegítimos, y otro 20% a abusos contra particulares. Hubo además 211 casos de torturas, 226 lesiones graves y 35 homicidios atribuidos a funcionarios públicos.
En Santiago y Providencia se concentró más de la mitad de estos hechos. “El eje Alameda–Providencia fue el punto más crítico”, señala el estudio, que georreferencia los casos y confirma que el 54,5% ocurrió en la región Metropolitana.
De todas las investigaciones, el 91% está concluida y solo el 4% terminó en una salida judicial. En tanto, el 70% fue archivada sin juicio.
De los pocos casos con imputados conocidos, apenas el 14,3% terminó en condena, mientras que un 11,3% concluyó con absolución.
El informe destaca además 464 víctimas de trauma ocular, de las cuales 230 sufrieron pérdida parcial o total de visión. En el 84% de los casos, las lesiones fueron provocadas por proyectiles —balines o bombas lacrimógenas— disparados por agentes del Estado.
Carabineros lesionados y maltrato a la autoridad
El otro lado del fenómeno también fue documentado: 3.293 delitos de maltrato contra agentes del Estado, la mayoría cometidos contra Carabineros de Chile.
Más de la mitad correspondió a maltrato de obra (53,6%), seguido por atentados o amenazas contra la autoridad (18,1%). Hubo 37 funcionarios que sufrieron lesiones gravísimas, principalmente por objetos contundentes (54%) y armas de fuego (13%).
A diferencia de las causas por violencia institucional, el 24% de estos casos obtuvo sentencias condenatorias, y más de un tercio fue sobreseído definitivamente.
Saqueos y desórdenes: el caos en cifras
El informe consigna 11.143 delitos de saqueo y daños a la propiedad, equivalentes al 31,7% del total, junto con 8.000 delitos de desórdenes públicos (22,7%).
Los robos a locales comerciales se dividieron entre “saqueos masivos durante manifestaciones” y “robos nocturnos sin presencia de protestas”.
Las comunas de Macul, Las Condes y La Florida lideraron los registros de delitos contra la propiedad, con hasta un 70% de sus denuncias en esa categoría.
El texto detalla que el 78% de los imputados por saqueos eran hombres y menores de 30 años. En los delitos de desórdenes públicos, el 85% de los detenidos fueron hombres jóvenes, con un promedio de 24 años.
Las cifras permiten dimensionar el impacto: solo entre octubre y noviembre de 2019 se concentró el 72% de todos los delitos del periodo. En marzo de 2020, ya con el estallido en declive y la pandemia en ciernes, se produjo un repunte de 3.598 hechos, en particular en las comunas periféricas del Gran Santiago.
El patrón geográfico del conflicto
Los mapas incluidos en el informe trazan un retrato nítido de la crisis: la Alameda, Plaza Baquedano, Providencia y Ñuñoa formaron el epicentro del estallido. También se registraron focos significativos en Maipú, Puente Alto, La Florida y San Bernardo.
En regiones como Antofagasta, Valparaíso, Bío Bío y La Araucanía tuvieron los mayores niveles de conflictividad, especialmente por ataques a cuarteles policiales y locales comerciales.
“La georreferenciación evidencia una concentración inédita de delitos en el eje urbano central de Santiago, con desplazamiento progresivo hacia comunas periféricas durante marzo de 2020”, señala el documento.
Una Fiscalía desbordada
El informe no oculta las falencias institucionales. Durante el estallido, el Ministerio Público carecía de protocolos específicos para investigar violencia institucional.
Solo después del Oficio FN 037/2019 se establecieron “diligencias mínimas obligatorias” —como exámenes médicos, entrevistas a víctimas y revisión de cámaras—, aunque su cumplimiento fue dispar.
Recién en 2021 se dictó una actualización de esos criterios (Oficio FN 618/2021); y en 2023, ya bajo la conducción de Valencia, se creó la Unidad Especializada de Derechos Humanos.
“Esta instancia fue diseñada con funcionamiento independiente y dotada de un equipo técnico especializado”, se lee en el texto.
La nueva unidad elaboró además una Guía de Diligencias Investigativas sobre muertes bajo custodia y desaparición forzada, y un estudio sobre la aplicación de la Ley 20.968, que tipifica los delitos de tortura.
Valencia también ordenó capacitaciones periódicas para fiscales, abogados y funcionarios policiales en materia de doctrina y jurisprudencia sobre derechos humanos. “El objetivo fue corregir las brechas detectadas y fortalecer la persecución penal de estos delitos”, subraya el documento.
Los números detrás del trauma
El reporte dedica un capítulo completo a las víctimas con lesiones oculares, uno de los símbolos más potentes del estallido. De las 464 personas identificadas, 390 fueron alcanzadas por proyectiles, 25 por chorros del carro lanzaaguas, y 24 por golpes directos.
Dos víctimas perdieron la visión de ambos ojos y 132 la de uno solo. El 92% eran mayores de edad y el 87% hombres.
Pese a la magnitud del daño, la mayoría de los casos fue archivada. En 2025, solo una veintena de causas seguían activas en distintas fiscalías regionales.
Las heridas abiertas
El informe no se pronuncia sobre responsabilidades institucionales, pero sus cifras dejan en evidencia una brecha entre la magnitud del fenómeno y los resultados judiciales.
De las más de 12 mil denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron con sentencia condenatoria. El resto algunas continúan, pero el grueso fue archivado, sobreseído o no perseverado.
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