Avanza proyecto que acelera obras de infraestructura carcelaria, pero genera debate ambiental

La Sala del Senado despachó a tercer trámite el proyecto que reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.

La propuesta forma parte del llamado fast track penitenciario y cuenta con apoyo transversal. Al menos en el Senado, existe el diagnóstico compartido de que la iniciativa ayudará a enfrentar el hacinamiento y la sobrepoblación de reclusos en diversas cárceles a lo largo del país.

El punto lo hizo el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien valoró el entendimiento del Congreso.

La gran mayoría del proyecto fue aprobado por unanimidad. Pero hubo un elemento conflictivo que separó al oficialismo y la oposición: la iniciativa pone nuevos requisitos para impugnar medioambientalmente la ampliación o construcción de una cárcel.

La senadora UDI, Luz Ebensperger, explicó que se pondrá como requisito el tener domicilio en la comuna o comunas colindantes en donde se emplace la construcción de una cárcel, para poder impugnar proyectos en su proceso de participación ciudadana.

El senador socialista y presidente de la comisión de Medio Ambiente, Alfonso de Urresti, dijo que este requisito contraviene el Acuerdo de Escazú, que va en la dirección de habilitar a todos los ciudadanos y personas jurídicas, el derecho de reclamar medioambientalmente contra cualquier proyecto en todo el país.

La iniciativa establece reglas especiales para eximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que permitan conseguir una tramitación acorde a la urgencia nacional.

Para ello, se busca que las medidas que se proponen permitan, en la práctica, la ampliación oportuna de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y módulos de máxima seguridad.