Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El Gobierno sufrió un revés en la discusión del proyecto de reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial en la Cámara de Diputados, al rechazarse la idea principal que propone un nuevo sistema. Esto, tras seis meses de ingresada la iniciativa que busca abordar la crisis en el Poder Judicial. Diputados del FA y Pamela Jiles votaron en contra de crear un Consejo de Nombramientos Judiciales, argumentando falta de transparencia. El diputado Calisto ve un panorama complejo y se buscan alternativas. El ministro de Justicia destaca la importancia de separar funciones y evitar politización.
Un duro revés sufrió el Gobierno en el inicio de la discusión en particular en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del proyecto que modifica el sistema de nombramientos del Poder Judicial, luego que en la instancia se rechazara la idea matriz de la iniciativa, que justamente establece este nuevo sistema.
Este hito se da a prácticamente seis meses desde que el Ejecutivo ingresó la reforma para enfrentar la crisis que afecta al Poder Judicial, pero que desde el inicio ha recibido cuestionamientos por no garantizar una mayor independencia y por carecer de mecanismos que garanticen la transparencia.
En la instancia, con el rechazo de la diputada del FA, Lorena Fries, su correligionaria Javiera Morales y Pamela Jiles, se votó en contra de la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales, reemplazando las ternas y quinas que se proponen desde el Poder Judicial.
Para el diputado de Demócratas y presidente de la instancia, Miguel Ángel Calisto, al rechazarse el primer artículo del proyecto, se vislumbra un panorama complejo y se deben buscar alternativas.
“Estamos en una situación muy compleja. Estamos buscando mecanismos para poder reponer esta indicación, entendiendo de que hay que responder un poco a la crisis que ha vivido el Poder Judicial. Pero este ha sido un duro revés para el proyecto presentado el propio Gobierno, porque son los propios parlamentarios de Gobierno quienes no le han dado los votos para continuar con la tramitación”, sostuvo el parlamentario.
Proyecto en comisión
Precisamente, lo que derivó en el portazo a la idea matriz tiene relación con la presentación de indicaciones de Fries, Morales y Jiles que iban en la línea de excluir al Senado en el proceso de nombramiento, porque “no permite avanzar hacia un sistema más transparente”.
Al respecto hizo el punto la diputada Javiera Morales, quien ha cuestionado la participación del Senado en innumerables oportunidades.
“Tal como hemos señalado previamente, y como lo demostró el caso Hermosilla, el sistema actual no funciona, y es por eso que hemos propuesto o eliminar la participación del Senado o al menos disminuir su quorum (…)”, indicó la legisladora.
Otra enmienda que fue rechazada es la que buscaba borrar la atribución del Presidente para el nombramiento de jueces de los tribunales inferiores.
El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, autor de esta indicación, calificó de “insólito” que desde la oposición respaldaran la norma clave de la iniciativa, pero que fuera rechazada por las fuerzas oficialistas.
“Tenemos un proyecto en comisión, cuya norma principal fue rechazada y fue rechazada por la izquierda. El ministro de Justicia estaba presente y no pudo ni siquiera ahora alienar a sus parlamentarias (…)”, señaló el congresista.
Nombramientos en el Poder Judicial
Consciente de las conversaciones que deberá tener con las distintas bancadas para viabilizar la reforma, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, relevó la importancia de la separación de funciones y que la propuesta debe tomar distancia de los dos extremos: la excesiva politización y el corporativismo.
Una de las opciones para encauzar el trámite es que la iniciativa regrese a la sala de la Cámara para reponer esta enmienda y continuar con la tramitación para no hacer inviable el resto del articulado.
Entre los principales ejes del proyecto se encuentran la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales de los Tribunales Superiores de Justicia; se le entrega la función disciplinaria y de probidad a la Fiscalía Judicial y se termina con la figura de los abogados integrantes.
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