Las diputadas Ana María Gazmuri (AH) y Daniela Serrano (PC) presentaron un “téngase presente” ante la Corte de Apelaciones de San Miguel con el fin de evitar la orden de desalojo de los habitantes de los campamentos “Nueva Cordillera”, “La Ballena” y “El Pino” de Puente Alto.
En el escrito, las parlamentarias solicitan que “se suspenda, mediante Orden de no innovar, el lanzamiento con fuerza pública fijado para el día 1° de marzo del presente año, por un lapso no inferior a 120 días”.
Según indican, el plazo solicitado es el necesario para concretar “la compra de los terrenos a los recurrentes, validar sistemas sociales de los pobladores y traspasar los dineros de aporte poblacional, municipal y estatal a Serviu”.
Al respecto, la legisladora Gazmuri lamentó la ratificación de la orden pese a que “el 12 de febrero el Serviu Metropolitano y la Municipalidad de Puente Alto firmaron un Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos, cuyo objetivo es concretar la promesa de compraventa con los dueños de los terrenos”.
“Instamos al Ministerio de Vivienda y de Justicia que se hagan parte de este proceso. Sumarnos a esta acción es una forma de reafirmar nuestro compromiso con la vivienda digna, como un derecho inalienable, que no dependa de la especulación ni las distorsiones del mercado financiero”, añadió.
Por su parte, la diputada Daniela Serrano apuntó a que “las familias del campamento Nueva Cordillera, La Ballena, El Pino han demostrado toda su disposición para regularizar su situación y efectuar la compra de este terreno. Hacemos un llamado a encontrar una alternativa para poder concretar la compra de estos terrenos, entendiendo que en estos terrenos se alojan más de 300 familias.
“Estamos hablando de una situación de familias que tienen niños, niñas, personas también en situación de cuidado y en los cuales nosotros creemos que sin una medida efectiva donde puedan encontrar una solución habitacional es muy difícil seguir manteniendo una situación de desalojo”, agregó.
Finalmente, la militante del Partido Comunista aseguró que con base en todo lo expuesto, es que está “buscando la alternativa es que los pobladores y pobladoras se queden en ese terreno y, por tanto, también poder comprar a quienes hoy día son los propietarios”.
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