A través de una carta publicada en Diario El Mercurio, Carlos Ruiz Encina, figura clave en la construcción del Partido Frente Amplio (FA), se refirió -por primera vez- al proceso judicial que enfrenta tras ser acusado de agredir a su pareja.
Este caso generó un fuerte rechazo en círculos académicos y políticos, e incluso llevó a que el sociólogo fuera separado de las clases que impartía en la Universidad de Chile.
En la misiva, Ruiz parte indicando que “la versión divulgada a la opinión pública constituye un relato falso, sobre hechos que no lograron probarse en el proceso judicial, pero que, por su espectacularidad y carácter horroroso, sigue siendo reproducido en algunos medios de comunicación”.
Tras esto, aclaró que “la defensa recolectó amplia evidencia en contra de la versión inicialmente sostenida por el Ministerio Público, incluyendo amplios peritajes de variado tipo”.
Acto seguido, el sociólogo comenta que “la supuesta víctima, mi pareja, cuestionó la autenticidad de las declaraciones que se le atribuían. Se negó a aceptar como propias dichas afirmaciones y solicitó declarar voluntariamente ante la Fiscalía de Género, lo que se le negó inexplicablemente”.
“Más aún, solo hacia el final del proceso, en la última audiencia en que se cierra el caso, por instrucción del juez y negativa del fiscal, ella pudo expresar su opinión, donde acusó a las diversas instituciones que debían ‘protegerla’ de -por el contrario- haberla presionado y expuesto sistemáticamente. Sin lugar a duda, este fue uno de los hechos más lamentables y dolorosos de todo el proceso”, completó.
En el documento, el ideólogo del FA sostuvo que la “prologada duración, junto con la encarnizada posición del Ministerio Público, actuando en contra de los intereses y la versión de la supuesta víctima, contribuyó a que el proceso durara cerca de un año y medio, con dilaciones en que no se agregaba investigación alguna, extendiéndolo injustificadamente. Este fue el proceso que siguieron y esperaron, ateniéndose a la ley, las autoridades universitarias, mientras me reasignaron funciones académicas que cumplir”.
“Lo interminable de todo esto consiguió otro efecto: menguar la salud emocional de mi pareja y la mía. Pese a contar con evidencia de peso para negar las acusaciones, quienes han vivido de cerca un juicio saben la incertidumbre que lo recorre. Aunque las pruebas de una defensa puedan ser fuertes y bien estructuradas, y débiles y hasta inexistentes, las del acusador, los casos que tienen alta explosión mediática, como este, hacen más alta la posibilidad de una sentencia adversa”, enfatizó.
Luego, precisó que a raíz de todo lo expuesto, junto con su equipo defensor, decidieron “adoptar la difícil decisión de desistir de la opción del juicio. Aceptamos, en un procedimiento de común acuerdo con el Ministerio Público, mediante la negociación de una pena de falta, un tercio de UTM que ni se hacían efectivas, y se dio por cumplida de inmediato por el periodo de 24 horas en que debí permanecer privado de libertad al inicio y sin que esta mínima pena pueda considerarse un ‘antecedente penal"”.
“Esta decisión fue adoptada en conjunto con mi pareja, asumiendo esa mínima consecuencia, sacrificando mi posibilidad de defenderme en un juicio, justamente para evitar una exposición innecesaria de ella, a quien el Ministerio Público no le brindó un trato digno, al punto que se opuso, hasta el último momento, a que se le permitiera ser oída ante un juez y evitando, además, un juicio en que, paradójicamente, el Ministerio Público buscaba imponernos la prohibición de mantenernos en contacto”, añadió.
Finalmente, detalló que el proceso judicial terminó en “octubre de 2024” y que su “reincorporación a la Universidad de Chile en ningún momento fue a espaldas de nadie dentro de la institución”.
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