"Son personas que han cometido secuestros extorsivos, han cometido homicidios, han cometido tortura, han cometido el delito de mutilaciones y extorsiones", sostuvo el ministro (s) Gajardo.
El Gobierno cuestionó la polémica decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, de autorizar la realización de videollamadas a reos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.
El magistrado defendió su decisión citando normas de la ONU, entre las que se recomienda “mantener vínculos sociales afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares” para los reclusos.
No obstante, para el Gobierno esta medida está “al margen del derecho”, ya que los dispositivos como los teléfonos celulares están prohibidos al interior de las cárceles.
“Nosotros consideramos que la decisión del juez está al margen del derecho”, aseguró el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, en entrevista con Cooperativa.
“Durante 2023 se aprobaron dos modificaciones al Código Penal muy importantes que establecen que el ingreso y la tenencia de teléfonos celulares no autorizados por Gendarmería de Chile al interior de los recintos penitenciarios es un delito”, agregó.
Pero además, Gajardo insistió en que el régimen de máxima seguridad “no contempla la posibilidad de que los internos que se encuentran ahí tengan videollamadas con el exterior”.
En ese sentido, explicó que “las visitas que ellos reciben se hacen solo a través de locutorios y se encuentran debidamente monitorizadas, para evitar -precisamente- que las bandas criminales se sigan organizando desde la cárcel”.
“La decisión del juez Urrutia nos rompe uno de los pilares fundamentales que tiene una cárcel de máxima seguridad y, por lo mismo, como Gobierno la hemos encontrado gravísima y hemos apoyado la decisión de Gendarmería de recurrir a la resolución y de tomar todas las medidas para que quede sin efecto”, sentenció el ministro (s) Gajardo.
Al respecto, el secretario de Estado enfatizó en que la Cárcel de Alta Seguridad mantiene recluidas las personas más peligrosas que tenemos en nuestro sistema penitenciario.
“A las personas a las cuales se le otorgó esta posibilidad de comunicarse con el exterior a través de videollamadas, son personas que han cometido secuestros extorsivos, han cometido homicidios, han cometido tortura, han cometido el delito de mutilaciones y extorsiones”, concluyó Gajardo.
