Hasta antes del contundente informe emitido por la Contraloría General de la Repúblicas, la situación tampoco era calma dentro del oficialismo, pero sin duda el documento incrementó la diferencia. Mientras voces desde el Socialismo Democrático solicitan revocar las pensiones de gracia a quienes tienen antecedentes penales y apelan a "la lealtad" al Gobierno, en las mismas fuerzas oficialistas, pero desde dentro del Partido Comunista y el Frente Amplio, hay parlamentarias y parlamentarios que postulan que el Estado debe tener un rol reparador tras el estallido social de 2019. Incluso deslizan la opción de acudir al Tribunal Constitucional y otras entidades internacionales encargadas de la promoción y protección de los Derechos Humanos.
Cuatro años y más 3 meses han pasado desde el estallido social. Aún así, pese al tiempo, en la esfera política sigue incrementando la polémica vinculada a las pensiones de gracia.
Si bien en la oposición la postura es clara respecto a quienes reciben el beneficio y cuentan con antecedentes penales, en el oficialismo existe una controversia que -incluso- enfrenta a las fuerzas del Ejecutivo.
Se debe precisar que, según fuentes en La Moneda, hay 418 casos de pensiones de gracia para víctimas del estallido social. En concreto, 148 durante la administración de Sebastián Piñera y 270 en el actual Gobierno.
Del total, de acuerdo a datos del Registro Civil, 69 personas cuentan con antecedentes penales. En detalle, 21 beneficios estatales fueron entregados por el exmandatario y 48 por el presidente Gabriel Boric.
Pensiones de gracia: el proyecto que inició la controversia
Además de los cuestionamientos de la derecha, todo se incrementó cuando la Comisión de Desarrollo Social despachó a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que crea normas generales en esta materia.
Entre otras cosas, se busca que quienes se encuentren condenados por crimen o simple delito no reciban la pensión. Dicha iniciativa fue despachada sin considerar las indicaciones del Ejecutivo.
Por eso es que, antes de salir de vacaciones, el Presidente instruyó que se debe presentar una propuesta de cambio de ley que implique que si o sí se revisen los antecedentes penales antes de otorgar el beneficio.
A pesar de eso, el mandato en La Moneda es uno: la ayuda se mantendrá en caso de que exista un daño permanente, como las lesiones oculares. Esto, independiente de si hay antecedentes penales.
Desde el Partido Comunista, fue la diputada María Candelaria Acevedo quien inició la discusión al interior de las fuerzas oficialistas y revivió una pasada disputa entre “las dos almas” del Gobierno de Boric.
La parlamentaria advirtió que está analizando llevar el proyecto al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no fue compartido por todos, e incluso, tampoco al interior de la colectividad comunista.
Según argumentó Acevedo, apelando a un compromiso del Gobierno, “hablamos de chilenos y chilenas quienes vieron violados sus DD.HH por agentes del Estado y a ellos se les debe reparar”.
Socialismo Democrático: la postura desde el PS y el PPD
Desde el Socialismo Democrático, específicamente desde el Partido por la Democracia (PPD), valoraron la idea de avanzar, sobre todo en el contexto de crisis de seguridad.
“Espero que todo el oficialismo se cuadre detrás de esa decisión presidencial, esa es la lealtad que se requiere en este en este caso, y es lo que quiere también la ciudadanía”, dijo el diputado Raúl Soto (PPD).
Agregando que “los delincuentes, reincidentes, no pueden recibir beneficios del Estado (…) espero que no se vaya al TC contra una medida que está ejecutando el propio Gobierno”.
En la misma línea, desde el Partido Socialista comentaron que si bien el PC tiene todo el derecho de evaluar la decisión anunciada por la diputada Acevedo, en la colectividad de Vodanovic optarán por otro camino.
Específicamente, en esperar lo que propondrá el Gobierno y “así revocar administrativamente cuando corresponda”. Sobre eso, el vicepresidente socialista, Arturo Barrios, comentó la situación.
“No tengo duda que el Gobierno, como en todos los casos, tomará medidas respecto a las legislaciones y los tratados internacionales suscritos por Chile”, sostuvo.
Frente Amplio: “Se abre la puerta a la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”
Junto con el llamado a diferenciar entre pensiones de gracia y de reparación, desde Revolución Democrática (RD) también coinciden en que se deben establecer requisitos a la hora de entregar el beneficio.
Aún así, destacan que dichas pensiones fueron entregadas a partir de daños que sufrieron durante el estallido social, independiente de los antecedentes. Sobre eso, coinciden con el PC.
“Estoy de acuerdo con el planteamiento que ha llevado adelante el PC (…) no estoy de acuerdo con revocar las pensiones que se han entregado a víctimas de violencia estatal”, dijo el diputado Jaime Sáez (RD).
A lo anterior, el parlamentario agregó que si esas personas “tienen situaciones pendientes con la justicia tendrán que resolverlo como corresponde, pero el Estado tiene que hacerse cargo de las situaciones que provoca un producto de graves violaciones a los Derechos Humanos”.
En la misma línea, desde Convergencia Social remarcaron que frente a la violación de Derechos Humanos el Estado tiene la obligación de reparar independiente de los antecedentes penales que pueda tener la persona.
“Lo que no puede ser es que se condicione una reparación a la buena o mala conducta de una persona (…) eso es dejar que el Gobierno sea el que define qué entendemos por DD.HH”, dijo la diputada Lorena Fríes.
A la vez, dijo estar “en contra de la revocación de las pensiones respecto de las personas que tienen antecedentes penales, estoy a favor de la invalidación de pensiones cuando son fraudulentas”.
Por último, la parlamentaria -del mismo partido del Presidente de la República– aseguró que “también se abre la puerta a la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Partido Comunista y la denuncia: “Ese espacio no va a existir”
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, confirmó que la idea de ir al Tribunal Constitucional no es una decisión a nivel partido y dijo que el compromiso es por verdad, justicia, no impunidad y reparación.
“Yo no creo que el Gobierno vaya a hacer cosas que atropellen los Derechos Humanos (…) no tendría por qué definir un conflicto con el Presidente o con el Gobierno, este es un tema del Estado”, sostuvo Carmona.
Consultado por si estarían disponibles para apoyar acciones en cortes internacionales, el timonel comunista dijo que “ese espacio no va a existir (…) a esos tribunales se llega una vez que se agotan todos los espacios a nivel país”.
“Tenemos la plena convicción que estos temas van a descomprimirse (…) pero con ejes correctos, mucho antes a iniciativas de la función del propio Gobierno, del cual somos parte y vamos a aportar”, cerró.
Experta en DD.HH: “Continuar haciendo análisis es una acción populista”
Tras el revelador informe de la Contraloría, la abogada experta en Derechos Humanos, Karinna Fernández, comentó a BioBioChile que el documento “no aborda el fondo de la problemática”.
“No se puede hacer una política de reparación en base a una glosa presupuestaria (…) ha demostrado que no existió una política de reparación adecuada ni integral”, añadió.
Además, Fernández reiteró que “no corresponde ningún análisis respecto de los tipos penales, en particular porque no estaba dentro del procedimiento establecido (…) la reparación excluye análisis de las características de las personas”.
En su opinión, desde el punto de vista experto, “continuar haciendo un análisis de los antecedentes penales ya no solamente es absurdo, sino que estás transformándose en una acción populista”.
