Mientras desde el Partido Comunista plantean la opción de ir al Tribunal Constitucional por el proyecto que busca instaurar normas de carácter general para la entrega de pensiones de gracia, y revocar el beneficio en algunos casos, desde el Partido Socialista comentaron que se debe avanzar en esta legislación.

Diferencias al interior del oficialismo ha generado el proyecto que busca establecer normas generales respecto al otorgamiento de pensiones de gracia.

Recordemos que durante la jornada de ayer, la Comisión de Desarrollo Social despachó a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la iniciativa que contempla las modificaciones.

Entre otras cosas, se busca que quienes se encuentren condenados por crimen o simple delito no reciban el beneficio, mismo escenario para aquellos que “hayan cesado en la función pública, debido a medidas disciplinarias por faltas graves a la probidad administrativa”.

Luego que el proyecto pasara a Sala sin considerar las indicaciones del Ejecutivo, la ministra Carolina Tohá confirmó que “el gobierno va a presentar su propuesta propuesta”.

Lo anterior considerando que, además, “por vía administrativa se van a dejar sin efecto las pensiones que se entregaron a personas que tienen antecedentes penales”, dijo la titular de Interior.

Controversia en el oficialismo por pensiones de gracia

Desde el Partido Comunista, la diputada María Candelaria Acevedo dijo que el proyecto de reforma a las pensiones de gracia “vulnera una serie de tratados internacionales a los que está suscrito el país en materia de Derechos Humanos”.

“Ateniendo mi trayectoria de más de 40 años de trabajo en la materia, analizaré llevar este proyecto al Tribunal Constitucional, así como también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de ser necesario”, agregó.

Lo anterior, argumentó la parlamentaria porque “no se puede quitar las pensiones de gracia a quienes sus derechos fundamentales fueron vulnerados por agentes del Estado, tal como pasó en la dictadura”.

“Acá no estamos hablando de delincuentes como se ha querido establecer por parte de la derecha, hablamos de chilenos y chilenas quienes vieron violados sus derechos humanos por agentes del Estado y a ellos se les debe reparar, tal como se comprometió este gobierno”, complementó.

En caso de haber cometido un delito, “deberán ser sancionados por ello, pero su pensión de gracia no debe ser cuestionada, dado que esa reparación va por un carril diferente”, concluyó.

En tanto, desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Melo dijo que la postura del Partido Comunista es “legítima”, pero que “se requiere avanzar en esta legislación”.

“Me parece correcto que el Ejecutivo plantee una nueva propuesta sobre pensiones de gracia, que sea integral y complemente la visión parcial que la derecha impuso en la Comisión de Desarrollo Social”, añadió.

Finalmente, Melo sostuvo que espera que la iniciativa “aumente los requisitos para ser otorgadas, se informe sobre los antecedentes penales de las personas y habilite al Presidente a revocar este tipo de beneficios cuando excitan problemas de carácter penal”.