La comisión estará compuesta de nueve miembros, dentro de los cuales figuran representantes de universidades, tres representantes de la sociedad civil (ONG, fundaciones) y uno de alguna organización de fast-checking.
Contraloría General de la República, a través del contralor, Jorge Bermúdez, descartó que existan ilegalidades en el decreto que creo la Comisión Asesora contra la Desinformación impulsada por el Gobierno, y que tiene como objetivo desarrollar informes sobre la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia.
La respuesta del contralor se dio luego de los reparos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respecto de la Comisión. La Sociedad dijo que evidenció su preocupación y aseguró que la instancia podría generar “la tentación de instaurar mecanismos de censura”.
Sin referirse a los posibles escenarios que se dice podrían generarse a partir de la implementación de la comisión, el contralor Bermúdez aseguró que jurídicamente no existe impedimento para su conformación, descartando ilegalidades al respecto.
“Fue objeto de control previo de legalidad, es decir, se contrastó el ordenamiento jurídico con lo que se estaba diciendo en ese acto administrativo, en el control previo de legalidad que se llama toma de razón. La Contraloría no detectó ningún problema en la creación y en la dictación de ese decreto”, dijo el contralor Jorge Bermúdez.
La aclaración del contralor, respecto de las posibles ilegalidades, surge nueve días después de que en el Diario Oficial se publicara el decreto de la creación de esta comisión, la que estará bajo la tutela del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Será presidida por la ministra de la cartera, Aysén Etcheverry.
Estará compuesta de nueve miembros, nombrados por La Moneda, dentro de los cuales figuran representantes de universidades, tres representantes de la sociedad civil (ONG, fundaciones) y uno de alguna organización de fast-checking.
Y su objetivo será asesorar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en temas sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales y hará recomendaciones sobre políticas públicas, entre otros.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo que más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, “debe haber preocupación cuando los Gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo”.
Y es por esto que diversos parlamentarios de oposición tomaron medidas. En particular, la bancada de diputados RN envió una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que solicitaron una visita a Chile para elaborar un informe sobre libertad de expresión.
Cabe destacar que la instancia comenzará a operar los primeros días de julio.
