Nancy Yáñez, nueva presidenta del TC, calificó de "admirable" la labor de la Convención. En ese sentido, valoró la propuesta para pasar a una Corte Constitucional, que introduce cambios a la institución. Yáñez prometió este miércoles en el cargo, convirtiéndose en la sucesora del ministro Cristián Letelier.
La nueva presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez, valoró el trabajo de la Convención y el posible cambio de la organismo a una “Corte Constitucional”, en caso de aprobarse la propuesta de nueva Constitución.
Yáñez prometió este miércoles como timonel del TC, luego de imponerse -en fallo dividido- en una segunda votación, y reemplazará en el cargo al ministro Cristián Letelier.
En su primera intervención, calificó de “admirable” el trabajo de la Convención Constitucional. Asimismo, sostuvo que deben establecerse cambios en la institución independiente del resultado en el plebiscito del 4 de septiembre.
Sobre el cambio a una Corte Constitucional, señaló que le parece correcto y que fue una decisión democrática, ya que se alcanzó por el quórum de 2/3 que fijó el órgano constituyente.
Corte Constitucional: la propuesta de la Convención
De acuerdo a la propuesta de nueva Constitución, la Corte Constitucional será “un órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, de acuerdo con los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución”.
Estará conformado por 11 integrantes, a diferencia de la actual Carta Magna, que establece diez miembros.
Cuatro serán escogidos, en sesión conjunta, por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones -órganos que conformarían el nuevo Congreso-; tres por el Presidente de la República; y cuatro por el Consejo de la Justicia, a partir de concursos públicos.
Los jueces de la Corte Constitucional durarán nueve años en el cargo y no serán reelegibles, condiciones que también se aplican actualmente.
“Al terminar su período, y durante los dieciocho meses siguientes, no podrán optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de autoridad pública alguna”, agrega el artículo 380 del texto propuesto por la Convención.
