El Juzgado de Garantía de Antofagasta condenó a cuatro años de cárcel a un hombre que vendió más de 1.600 permisos únicos colectivos de Comisaría Virtual. Además, sentenció a otros dos imputados, quienes hicieron uso de estos documentos.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Local de la ciudad, logró acreditar que falsificó la representación legal de una empresa y vendió estos documentos a través de WhatsApp, por valores que fluctuaban entre los $10.000 y $20.000 cada uno.
El hombre, identificado por la Fiscalía con las iniciales E.H.T.C., fue condenado a las penas de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, 300 días de presidio menor en su grado medio y 300 días de presidio menor en su grado medio, como autor de los delitos consumados de uso malicioso de instrumento público falso reiterado —1.659 permisos únicos colectivos falsos—, perjurio reiterado e infracción al Artículo 318 de Código Penal, respectivamente.
El tribunal también dictó las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para postular a cargos y oficios públicos y ejercer derechos políticos y suspensión de cargos y oficios públicos, mientras transcurra la condena.
En tanto, los condenados J.P.F.P. y E.E.C. recibieron una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y 61 de presidio menor en su grado mínimo como autores de los delitos consumados de uso malicioso de instrumento público falso e infracción al artículo 318 del Código Penal, respectivamente.
Cabe indicar que el sentenciado E.H.T.C. obtuvo la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva mientras trascurra sus condenas. A su vez, los condenados J.P.F.P. y E.E.C. recibieron la remisión condicional de la pena.
Los detalles del caso
Según los antecedentes dados a conocer durante el juicio, el primer hecho ocurrió entre los meses de marzo y agosto del 2020, cuando el sentenciado E.H.T.C. procedió a solicitar diversos permisos únicos colectivos en la página de Comisaría Virtual —1.013 en una primera instancia y 646 en una segunda oportunidad—. Para ello, aparentó tener el cargo de representante legal de una empresa de ingeniería.
El segundo episodio fue perpetrado entre los meses de abril y julio del 2020, cuando el sentenciado J.P.F.P. compró por $20.000 al condenado E.H.T.C. al menos 8 salvoconductos de permisos únicos colectivos, que le permitieron trasladarse en pleno estado de catástrofe, haciéndose pasar como trabajador de dicha compañía.
El tercer hecho ocurrió el 09 de julio, alrededor de las 11:20 horas, cuando el sentenciado E.E.C. fue fiscalizado por personal de Carabineros a la altura de la Ruta 5 Norte, cuando iba en su vehículo y se trasladaba con el permiso único colectivo que había comprado al sentenciado J.P.F.P. por la suma de $15.000.
Además, durante la fiscalización Carabineros, pudo obtener desde el celular del imputado otros tres permisos colectivos falsos obtenidos con fecha anterior por parte del sentenciado y en la que aparecía como representante legal el sentenciado E.H.T.C.
