El Gobierno anunció una ofensiva internacional para frenar el tráfico ilegal de migrantes hacia nuestro país.

El anuncio lo realizó el canciller Andrés Allamand y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quienes presentaron un plan que tendrá un trabajo con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).

Esto se conoce en medio de una denuncia realizada por BioBioChile, sobre empresas que cobran a venezolanos para traerlos hacia nuestro país, quienes ingresan de forma ilegal por la frontera norte.

Allamand señaló que el plan nace debido a que “el tráfico internacional ilegal de migrantes es un delito que afecta los derechos humanos de las personas. Quienes son parte de este proceso de tráfico, se encuentran permanentemente en una situación expuesta y de alta indefensión”.

“Los países deben colaborar en el plano judicial, policial y diplomático, para frenar este fenómeno que, en parte muy importante, se ve gatillado por la compleja situación humanitaria, de derechos humanos y de crisis política que existe en Venezuela“, agregó.

Para ello, el plan tendrá tres acciones que formarán parte de la ofensiva:

– Se le pidió al fiscal nacional, Jorge Abbott, que el Ministerio Público tome contacto con las fiscalías de los otros países que se ven afectados por el tráfico ilegal de migrantes (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) para que en cada uno de ellos se investiguen, se juzguen y sancionen estos delitos transnacionales.

– Se le pidió al director de la PDI, Héctor Espinosa, que su institución inicie un trabajo de coordinación y cooperación con las policías de las naciones mencionadas, para iniciar la persecución de las bandas criminales.

– Allamand, en el plano diplomático, contactó a sus pares de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para establecer una mesa de trabajo, a nivel de Cancillerías, que permita adoptar acuerdos operacionales urgentes para combatir este crimen organizado, en conformidad con el Convenio de Palermo.