Familiares denuncian que los procesos de investigación han sido largos, sin pruebas concretas y con un mal uso de la prisión preventiva. Pese a esto, el Gobierno descartó la existencia de presos políticos.

Amnistiar delitos vinculados al atentado a la autoridad, maltrato de obra, desórdenes públicos y los relacionados a la ley antibarricadas y antisaqueos, de control de armas y de destrucción o daño de monumentos nacionales.

Eso propone el proyecto de ley que presentarán la próxima semana desde el Senado parlamentarios de oposición, con apoyo de diputados del bloque, en favor de personas que han sido detenidas en el marco del estallido social.

Esto ante la demora de los procesos que ha dejado por un año a personas privadas de libertad y en los que los familiares de los afectados acusan montajes e inexistencia de pruebas, aludiendo como ejemplo al caso del Metro Pedreros.

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La acción es encabezada por los senadores Alejandro Navarro (PRO) y su par de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.

Jocelyne Barrera, esposa de Mauricio Chauque, uno de los detenidos que lleva en esa condición cerca de un año, acusó montajes.

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, cuestionó todas las iniciativas que signifiquen impunidad. En esa línea, el portavoz de La Moneda descartó que en Chile existan presos políticos.

Lo anterior fue refutado por la diputada comunista Camila Vallejo, quien enfatizó que ha existido un interés de una acción ejemplificadora por parte del Gobierno, incluso sin pruebas.

Los parlamentarios, que incluyeron también a los diputados Boris Barrera y Emilia Nuyado, marcaron diferencias con otra iniciativa, que busca indultar a los detenidos: en la amnistía se dan por no obrados los delitos, mientras que con el indulto se acota a la pena, dejando establecida la comisión del delito, según enfatizó el senador Navarro.