Uno aspira a una Constitución “legítima”, el otro piensa que los problemas de Chile se pueden solucionar con nuevas leyes sin reemplazar el texto fundamental.
En vísperas del referéndum, dos chilenos explican qué motivará su voto el domingo .
Ernesto, por una Constitución “legítima”
A la pregunta “¿Le gustaría cambiar su Constitución?”, Ernesto Quintana, de 38 años, votará “Apruebo” sin dudarlo.
Lo hará por “razones de ética y legitimidad” y porque el texto fundamental actual impide, según él, el progreso social.
“La Constitución actual, de 1980 (…) fue redactada durante la dictadura, un período de restricción de las libertades, sin participación de los ciudadanos, por supuesto, y en un contexto de terror”, subraya este psicólogo, que trabaja en un colegio de Santiago.
“Se trata de una Constitución que favorece al sistema neoliberal a un nivel extremo, que ha perpetuado un sistema totalmente desigual”, estima este treintañero que participó en numerosas manifestaciones en la capital desde el comienzo de la crisis social, el 18 de octubre de 2019.
Simple ciudadano no perteneciente a ningún partido político, Ernesto pretende que la salud, la educación, que son fundamentalmente privadas, se conviertan en derechos básicos reconocidos por la Constitución.
“La gente que tiene plata tiene una mejor educación, la gente que tiene plata tienen una mejor salud, una mejor vivienda. La vivienda social que se construye en Chile es realmente indigna. (…) Todas estas cosas podrían reformarse cambiando la Constitución”.
Hijo de militantes comunistas perseguidos en el periodo de Augusto Pinochet (1973-1990), Ernesto votará también a favor de que la carta magna sea redactada por una “convención constituyente” con paridad de género y no por una “convención mixta”, en la que intervendrían ciudadanos y parlamentarios.
“No quiero que los partidos políticos estén implicados” en la redacción del nuevo texto, dijo, temiendo que ello dé pie a maniobras de todo tipo.
Ernesto ve la convención constituyente “como una oportunidad para que la voz de todos los ciudadanos y ciudadanas sea tomada en cuenta de manera más directa, más participativa”.
Francisco, primero “la ley”
Francisco Pereira, dueño de un restaurante en Santiago, también cree que Chile necesita un “cambio”, y en particular un sistema de salud, de educación y de transporte más equitativo.
También “aplaudió” cuando los chilenos salieron a las calles en octubre de 2019 para exigir más justicia social.
Pero para él, los manifestantes se juntaron para “que cambien las leyes, para que las pensiones sean mejores, para denunciar las desigualdades en general”, pero no por un cambio de Constitución.
Por eso marcará la opción “Rechazo”.
Según Francisco, los partidos de izquierda “en Argentina, Bolivia, Venezuela” aprovecharon esta crisis en Chile para avanzar sus ideas a favor del cambio de régimen.
También lamenta la fuerte “polarización entre izquierda y derecha” visible en el país en los últimos años.
Este restaurador de 48 años, que enfatiza haber estado siempre “contra Pinochet, contra la dictadura”, también cree que entre la crisis social, las manifestaciones violentas y la pandemia este no es el momento indicado para cambiar un texto tan fundamental.
“El problema es que decidimos cambiar la Constitución en un momento de crisis, esto no es una buena base para reemplazar una Constitución”, dijo.
Ahora “Chile no necesita un cambio de Constitución; en este momento, estamos como en todos los países del mundo, sumidos en una grave crisis económica” por las consecuencias de la pandemia de coronavirus, subraya.
“Las reformas sociales requieren dinero, y la inestabilidad” por el proceso electoral y las tensiones “no es muy atractiva para la inversión, para el crecimiento”, estima.
Según él, “antes de querer cambiar la Constitución hay que empezar por resolver los problemas a través de la ley”, votando reformas en el Parlamento.
Y aprovechar en particular el consenso político logrado en el Parlamento, luego que el nivel que alcanzó la protesta social llevara a que legisladores de todos los sectores llegaran a un acuerdo histórico en favor de la organización del referéndum.
