Dos días después del estallido de la crisis social, el 20 de octubre, a las 17:00 horas, el fiscal nacional, Jorge Abbott, envió un correo electrónico a los persecutores regionales con “criterios de actuación a raíz de los últimos hechos ocurridos en el país”.
En el escrito, se detalló que “los saqueos” se deben reconducir al delito común de robo en lugar no habitado, más los respectivos agravantes. Es decir, no hay un instructivo para los fiscales para llegar a las salidas alternativas en estos casos.
Sin embargo, el ente persecutor está siendo nuevamente blanco de críticas. Después que se supiera que Fiscalía otorgó 26 suspensiones condicionales por saqueos en Conchalí, Radio Bío Bío dejó en evidencia este viernes que el número total llegó hasta las 133 salidas alternativas.
No obstante, la vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, descartó que haya una instrucción de parte del fiscal nacional para establecer las salidas alternativas en estos ilícitos.
En tanto, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, respaldó el tema. El persecutor enfatizó que la instrucción fue llegar a juicio se tenga o no antecedentes.
El Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, defendió las salidas alternativas, porque en estos casos las penas son bajas y serían más bien condenas “de papel”.
El robo en lugar no habitado, delito en el que caben los repetidos saqueos registrados tras el estallido social, tiene una pena de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, de 541 días hasta 5 años de presidio.
Con todo, el próximo jueves y viernes se realizara el Consejo General de Fiscales, donde se tratarán temas de la crisis social.
