Eduardo Frei Montalva gobernó nuestro país entre el 3 de noviembre de 1964 y el 3 de noviembre de 1970. Y murió el 22 de enero de 1982.
Pero el caso de la muerte del expresidente se abrió recién en 2002 gracias a una querella que presentaron sus hijas, Carmen e Irene Frei Ruiz-Tagle, junto al abogado Álvaro Varela, por la presunta intervención de terceros en su deceso al interior de la clínica Santa María.
En 2007 se sumaron sus hermanos Eduardo y Francisco. En febrero de 2011 lo hizo la administración Piñera. Y lo mismo ocurrió con la Democracia Cristiana el 2016.
Al paso de los años, el ministro en visita Alejandro Madrid reconstruyó los últimos días del exmandatario en el recinto asistencial, al que ingresó por una simple complicación de una hernia al hiato. Tras su indagatoria, llegó a la conclusión que se le inocularon sustancias que aceleraron su muerte.
El exgobernante, de 71 años, cayó en shock séptico, que luego fue tratado con el medicamento Transfer Factor, destinado a fortalecer el sistema inmunológico.
Sin embargo, en el fallo de 811 páginas -emitido ayer miércoles- se estableció que se usó de forma irresponsable el fármaco, ya que éste no estaba aprobado por el FDA de Estados Unidos y habría provocado el efecto contrario; es decir, la supresión del sistema inmunológico.
Bajo dicho escenario, las penas por homicidio recayeron sobre el médico de cabecera de Frei, Patricio Silva Garín (10 años de cárcel); el chofer del expresidente, Luis Becerra Arancibia (7 años de cárcel); y el exagente de la Dina, Raúl Lillo Gutiérrez (7 años de cárcel).
En tanto, como cómplice quedó el doctor Pedro Valdivia Soto, que recibió una pena remitida de cinco años. Como encubridores, por esconder la autopsia del exmandatario, enfrentarán penas sin cárcel (de tres años) los facultativos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere.
En una entrevista difundida por el Poder Judicial, el ministro Madrid explicó por qué descartó el asesinato, pues se habría tratado de varios factores que produjeron la muerte de Frei Montalva.
“Ahí se justifica la existencia de un delito de homicidio. No con las características que algunos han pretendido de asesinato u homicidio calificado, cosa que no se acreditó. Hubo determinadas circunstancias que están explicitadas en cuanto a seguimientos al expresidente. Intercepciones telefónicas de las que fue víctima”, remarcó.
Por el contrario, Claudio Feller, defensor del doctor Valdivia, calificó de “sorprendentes” los argumentos el fallo. “No pudo acreditar uno de los fundamentos básicos de la investigación: que hubo un plan, de confabulación, para matar al expresidente. Y eso lo descarto. Y finalmente terminó condenando por homicidio simple, porque desestimó el uso de veneno”, señaló.
Con todo, los primeros notificados de la sentencia fueron los abogados querellantes de la Democracia Cristiana, del Gobierno y de la familia del exmandatario.
Este último, Nelson Caucoto, no descartó apelar por lo bajo de las penas, pero destacó el resultado de la investigación y del trabajo del poder judicial.
En tanto, a contramano de Madrid, aseguró que se trata de un delito calificado: “Fue premeditado y por vía de elementos tóxicos y eso califica la figura del homicidio y eso eleva enormemente la calidad de las penas”, aunque admitió que “tenemos que alegrarnos después de una larguísima investigación: es la más grande operación de inteligencia que jamás se haya desarrollado en tiempos de la República. En 200 años, primera vez que ocurre algo semejante”, aseguró.
La omisión de Luis Castillo
Luis Castillo, el actual subsecretario de Redes Asistenciales, en 2000 negó que existiese una autopsia del padre de Frei Ruiz-Tagle, cuando era director de la Red de Salud de la Universidad Católica.
Castillo sostuvo que nadie le pidió antecedentes, versión que es duramente negada por Carmen Frei y la Democracia Cristiana. “Nosotros exigimos que haya una ética en todos los funcionarios. No se puede estar ocultando información”, acusó la hija del expresidente durante la tarde del miércoles, en medio de una concentración de personas que respaldaba su postura gritando: “¡Fuera Castillo! ¡Fuera Castillo! ¡Fuera Castillo! ¡Fuera Castillo!”.
Sin embargo, el fallo no otorgó responsabilidad penal al hecho. “Dicha omisión no resulta ser suficiente para atribuir alguna responsabilidad penal en el hecho investigado, ya que su conducta no se comprende dentro de ninguno de los presupuestos que señala el artículo 17 del Código Penal como constitutivo de encubrimiento”, sostiene el dictamen.
En concreto, en la arista de la autopsia, Castillo declaró como testigo. Y por lo mismo no fue procesado. La pregunta es: si la familia Frei tenía sospechas contra él ¿por qué no se querelló contra el doctor Castillo?
Pasos clave
El ministro Madrid encabezó la última exhumación en junio de 2016, en la que pretendió acreditar, sin éxito, los primeros peritajes que concluyeron en el 2013 que el exmandatario había sido envenenado con gas Mostaza.
Esa exhumación fue encabezada por el tanatólogo español Aurelio Luna, junto a personal del SML y de la Policía de Investigaciones.
En tanto, la investigación judicial tuvo su principal hito en diciembre de 2009 (campaña Frei-Piñera) cuando el expediente se caratuló como homicidio, concluyendo que se le había inoculado en la Clínica Santa María una bacteria mortal, antes de su deceso, a la edad de 71 años.
Tras ese largo camino, desde la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, su hijo, el expresidente Frei Ruiz-Tagle, relató con emoción cuando su padre salió de ese lugar a internarse a la Clínica Santa María, “de la mano de sus conspiradores y de un régimen que lo veía como una amenaza. Hoy, 37 años después, lo tenemos en casa. Lo sentimos en casa. Y le decimos, descansa en paz”.
Solidaridad presidencial
Por su parte, el expresidente Ricardo Lagos recordó el momento en que el general Augusto Pinochet se hizo presente en el velorio de Frei Montalva.
“Es casi sheakperiano que aquel que ordena el asesinato, exige después estar presente en sus honras fúnebres. Recuerdo esas imágenes. Imborrables. Y donde el presidente Frei Ruiz-Tagle tuvo que estar presente en nombre de la familia” (SIC), rememoró.
Desde Caburgua, donde se encuentra de vacaciones, el presidente Sebastián Piñera condenó los hechos y destacó el libelo que interpuso en su primer gobierno. “Presentamos una querella criminal por homicidio. Estoy absolutamente convencido que la búsqueda de la verdad y de la justicia es lo que nos va a permitir reencontrarnos y recorrer juntos los caminos del futuro”.
