Se acabó la primera temporada, pero ya se confirmó la segunda parte. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró ilegales los actos administrativos que siguió el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, cuando el pasado 22 de agosto declaró la vacancia del cargo de subcontralora que mantenía Dorothy Pérez.
En resumen, el tribunal de alzada determinó que Bermúdez no respetó la garantía constitucional que establece que nadie, en especial el subcontralor, puede ser juzgado por comisiones especiales.
“Se dispone como medida necesaria al restablecimiento del imperio del derecho, la reincorporación de la agraviada a su cargo de subcontralor de la Contraloría General de la República (CGR) con los derechos subsecuentes, sin solución de continuidad, desde la fecha de su separación, para lo cual el señor contralor deberá dictar los actos que en derecho corresponda al debido cumplimiento de lo resuelto”, remarcó la resolución unánime.
Los jueces concluyeron que el argumento del contralor sobre “la pérdida de confianza” respecto a Pérez es inconducente para sacarla del cargo y que debió seguir un juicio de amovilidad, por un tribunal competente y con la decisión final del Presidente de la República.
El abogado defensor de la subcontralora, Ciro Colombara, valoró el fallo, pero se mostró cauto ante una probable apelación a la Corte Suprema desde la Contraloría. “Estamos muy conformes con este fallo, porque recoge nuestros planteamientos y restablece el estado de derecho. Confiamos plenamente en los tribunales superiores de justicia”, admitió.
Por su parte, la Contraloría optó por no comentar el fallo. Sólo se limitaron a comentar que los equipos jurídicos de la institución, en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya están preparando la apelación ante la Corte Suprema, que se debe presentar en un plazo máximo de cinco días.
De hecho, ayer martes, Bermúdez estuvo reunido con el equipo jurídico evaluando el complejo escenario que enfrenta.
Ejecutivo y Legislativo en silencio
En la misma línea, los poderes del Estado optaron por el silencio. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, evitó comentar la resolución judicial y llamó respetar los tiempos del Poder Judicial. “Es lo que corresponde”, aseguró.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, manifestó que esperan que se resuelva pronto este conflicto por el bien de la Contraloría General de la República y “por la función de fiscalización que realizan”.
En la arena judicial, el fallo no está ejecutoriado. Es decir, el contralor Bermúdez no está obligado de inmediato a reincorporar a Dorothy Pérez en su cargo, pues se debe esperar la eventual apelación ante la Corte Suprema.
Por lo tanto, cuando se pronuncie el máximo tribunal del país, se sabrá el destino definitivo de Pérez, María Soledad Frindt -quien fue nombrada subcontralora el 23 de agosto- y del propio Bermúdez.
Y si llegara a perder, el cuestionamiento público y político podría recaer sobre el propio contralor, por interpretar de forma errónea la ley que rige a la institución que dirige.
