El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la determinación con que se otorgó libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, que estuvieron presos en los penales Punta Peuco y Colina I. Pidió respeto a la entidad y a su trabajo.

“Nosotros respetamos su decisión”, afirmó el secretario de Estado, añadiendo que “en Chile tenemos que entender que las instituciones, sobre todo del nivel y envergadura de la Corte Suprema, requieren del respeto de su funcionamiento”.

Asimismo, Larraín reiteró la idea emplazando a todos. “Creo que es el llamado que hay que hacer a los chilenos, a respetar el trabajo de los tribunales”, señaló a Emol.

Con respecto a la leyes, advirtió que se pueden interpretar, por lo que se entiende que existan dictámenes diferentes. “Por eso que a a veces los jueces pueden pensar de manera distinta. Y en Chile, lo que dictamina un juez es sólo obligatorio para el caso, no fija una ley general al futuro”, aclaró.

En la misma línea, sostuvo que “probablemente, hay muy pocos fallos que se cumplen al 100% del dictamen. Hay numerosas posibilidades para ir viendo aplicaciones que atenúan el cumplimiento de la pena dictada o establecida por la ley. De manera que no es extraño que esto ocurra”.

La polémica se instauró cuando el más alto tribunal consideró que los reos cumplen con los requisitos legales para acceder a este beneficio y que no existe impedimento en la legislación internacional.

En los fallos añadieron que “conviene aclarar que lo que se ha venido reflexionando no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad como aquel por el que cumple condena el amparado”.

Esta determinación provocó que familiares de víctimas de la dictadura protestaran en las puertas del Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago por los beneficios a estos reos.

En esa instancia, las dirigentes Lorena Pizarro y Alicia Lira entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quejándose por la libertad condicional a exmilitares condenados por secuestros y homicidios calificados.