En una de las noches más violentas desde el inicio del estallido, al menos 45 policías y gendarmes resultaron heridos, mientras que 577 vehículos y 74 edificios fueron incendiados, indicó el Ministerio del Interior.
Al menos 719 personas fueron detenidas durante la noche de este sábado en Francia, en la quinta jornada de protestas provocadas por la muerte de un joven baleado por la policía, según un balance entregado por el Ministerio del Interior.
Al menos 45 policías y gendarmes fueron heridos, mientras que 577 vehículos y 74 edificios fueron incendiados, indicó el comunicado del Gobierno, que da cuenta también de 871 incendios en la calle.
El balance anterior, publicado a las 01:30 horas del domingo, informaba de 322 detenidos.
Además, 10 comisarías de policía, 10 cuarteles de gendarmería y 6 comisarías municipales fueron atacadas, dijo el Ministerio.
Marsella y Lyon fueron las dos ciudades más afectadas por la violencia, al igual que el día anterior.
Francia vive una ola de violencia urbana desencadenada por la muerte de Nahel, un joven de 17 años, fallecido el martes por el disparo de un policía durante un control de tránsito.
Se agudizan las protestas en Francia
El portavoz del Gobierno de Francia, Olivier Véran, dijo este domingo que se debe evitar hacer “generalizaciones” sobre la policía, a raíz del caso de la muerte del joven Nahel.
“Atención a no hacer generalizaciones a partir de una situación particular. Ese es el mensaje, yo creo, que nuestras fuerzas de seguridad que están movilizadas sobre el terreno necesitan oír”, defendió Véran en una entrevista en la cadena pública FranceInfo.
Consultado sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, especialmente desde un cambio legal que amplió los usos justificados de las armas en 2017, el portavoz gubernamental recalcó que “allá donde hubo fallos, allá donde fue excesivo, allá donde fue inadecuado, hay una investigación de la Inspección General y la justicia está ahí”.
Esta postura ya la había recalcado también el viernes el gobierno de Macron después de haber recibido reproches de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, reclamando abordar seriamente “los profundos problemas de racismo y discriminación” de las fuerzas del orden, algo que el Ejecutivo rechazó de plano.
