Durante el primer semestre del 2023, unas 250 mil personas habrían realizado denuncias por fraude, un 130% respecto al mismo período del año anterior. Además, el sector advierte que organizaciones estarían abusando del sistema mediante el "auto fraude".
Según un documento informativo de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), los montos involucrados en operaciones desconocidas (fraudes) asciende por sobre los US$350 millones a doce meses.
Esto según las proyecciones de la asociación, quien afirma que la Ley de Fraudes, con su entrada en vigor en mayo de 2020 ha tenido efectos “materiales y están limitando la viabilidad de los productos financieros”.
Recordemos que la normativa “limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el caso de extravío, hurto, robo o fraude”, según detalla la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Esto se traduce en que, posterior a que se de aviso del fraude a la institución financiera correspondiente, esta será la responsable de las operaciones que se realicen, y siempre que no existan antecedentes de “dolo o culpa grave del usuario”, se deben restituir o cancelar los cargos, según detalla la CMF.
Aumento de denuncias por Ley de Fraudes
Desde la Abif recalcaron que el “estándar probatorio para delimitar la responsabilidad del emisor (…) se aparta de la regla general en nuestro país y de la práctica internacional”, lo que estaría significando un “severo deterioro en los medios de pago, situación que fue advertida durante la tramitación de la ley en el Congreso por la banca, la CMF y el Banco Central”.
No solamente el monto total involucrado en los fraudes, y el cual han tenido que desembolsar los bancos, ha aumentado, sino también las propias denuncias, “alcanzando 250 mil personas en el primer semestre de 2023“, lo que representaría un aumento del 130% respecto al mismo período del año anterior.
A su vez, la Asociación denuncia que diversas organizaciones delictivas han abusado del sistema mediante el auto fraude, incluso “invitando a través de redes sociales” a realizar esta actividad o amenazando a funcionarios bancarios por el cierre de cuentas empleadas para cometer los ilícitos.
“El marco normativo vigente en Chile contrasta con lo que ocurre en España, jurisdicción comúnmente citada en esta materia, donde el marco legal define la responsabilidad del banco y de los clientes en el uso de los medios de pagos”, ejemplificó la Abif.
Por último, destacaron la iniciativa del Ejecutivo ingresada al Congreso y que busca modificaciones a la Ley 20.009. Sin embargo, a consideración de la institución “estas no corrigen los problemas estructurales” de la normativa.
