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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) informó que hasta julio se ha ejecutado un 59,9% del presupuesto de este año, destacando un aumento del 6,3% en los ingresos totales del Gobierno Central, impulsado principalmente por un incremento del 7,7% en los ingresos tributarios. En cuanto al gasto, se destaca un avance del 59,1% en el gasto corriente y del 47,7% en el gasto de capital. La inversión pública ha sido liderada por el Ministerio de Obras Públicas. Por otra parte, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, enfrenta alertas sobre la trayectoria del gasto público por parte del Consejo Fiscal Autónomo y la necesidad de mantener la consolidación económica.

A la par de las proyecciones claves para la elaboración del nuevo Presupuesto 2026, la Dirección de Presupuestos (Dipres) también publicó el Informe de Ejecución Presupuestaria a julio de este año.

Durante el séptimo mes del año, se ejecutó un 59,9% del presupuesto para este año, mientras que en inversión pública se anotó un 44,3%.

A su vez, resaltan el incremento de los ingresos totales del Gobierno Central en un 6,3%, respondiendo fundamentalmente al incremento del 7,7% en los ingresos tributarios totales.

Informe de ejecución presupuestaria de la Dipres

Según resaltó mediante comunicado la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, “de la mano de las mejores perspectivas generales de la economía, durante los primeros siete meses de este año hemos observado un buen desempeño de los ingresos fiscales, particularmente de los tributarios al comparar con igual período del año anterior”.

En el análisis de la Dipres, el alza refleja el impacto de medidas como el royalty minero, que “han apuntado a garantizar la sostenibilidad fiscal a través de una base tributaria sólida”.

Volviendo a los datos, además de los ingresos tributarios totales, contribuyeron al 6,3% la recaudación por cobre bruto y por imposiciones previsionales (40,3% y 7,4% respectivamente).

Solo durante julio, los ingresos del Gobierno crecieron 19,4% real anual, también por el alza de ingresos tributarios (17,6%). El impuesto a la renta de contribuyentes no mineros subió 36,9%, principalmente por los pagos diferidos de la Operación Renta. Destacó también el 10,6% más de recaudación por IVA.

En el desglose del gasto, se registró un avance de 59,1% del gasto corriente -como el de personal, subsidios, donaciones y prestaciones previsionales-, y de 47,7% del gasto de capital -inversión y transferencias de capital-.

Por inversión pública resaltó el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, con una ejecución de 46,9%; la cartera de Salud (40,3%) y de Vivienda y Urbanismo (46,5%). “A julio registramos la mayor ejecución de este componente – inversión pública- en 16 años”, destacó Javiera Martínez.

Alertas sobre las finanzas públicas

Entre los principales desafíos del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, está la presentación y discusión del próximo Presupuesto, el último redactado por la administración del presidente Gabriel Boric y que se enmarca en medio de alertas por la trayectoria del gasto público.

Grau afirmó que las cifras de crecimiento para la elaboración del proyecto están por sobre el 2,2%, y que si bien “reafirman la consolidación de nuestra economía, debemos mirarlas en su conjunto y tener en cuenta que más que una expansión del gasto, nuestra tarea ahora es poder dar continuidad al trabajo de convergencia hacia las metas del Balance Estructural que hemos proyectado”.

Sin embargo, desde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), ahora presidido por Paula Benavides -quien fue nombrada por Boric para liderar la instancia-, alertaron que los riesgos fiscales advertidos anteriormente “se han ido materializando, con un potencial nuevo desvío de la meta de Balance Estructural (BE)”.

Como propuesta, insistieron en que el Ejecutivo debe considerar en su Informe de Finanzas Públicas un escenario base con medidas bajo control directo, y que las medidas legislativas que podrían ayudar a sanear las finanzas públicas queden solo en un escenario alternativo.

Esto porque tales proyectos podrían sufrir retrasos o cambios, afectando así su posible efecto fiscal correctivo.