Recta final: Proyecto clave para enfrentar la permisología en Chile busca avanzar en el Congreso

Es el tema que ha estado presente en los distintos foros, seminarios, en el Chile Day incluso. El gran dolor de cabeza del sector privado.

La denominada permisología, es decir, las trabas burocráticas por las que debe pasar un proyecto para concretarse y que toca distintas aristas: Consejo de Monumentos Nacionales, Concesiones Marítimas, reforma al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Permisos sectoriales. El proyecto respecto a este último se encuentra en recta final.

Esta semana será clave. Hoy arrancó en la Comisión de Hacienda del Senado y una vez que el proyecto deje dicha comisión, la iniciativa pasará a la sala de la Cámara Alta y de aprobarse, seguirá a la Cámara de Diputados.

Permisos sectoriales: proyecto insignia contra la “permisología” enfrenta horas clave

“Este proyecto reducirá los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70%. Aceleraremos hospitales, data centers, industrias, pero también las pequeñas inversiones, que cuando se suman hacen grande a nuestra economía. Por ejemplo, los trámites para ampliar un restaurante pasarán de demorar ocho meses a dos meses y medio”, dijo el presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró que se aprobara Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, que buscará justamente unificar a través de una “ventanilla única” la tramitación de los distintos permisos.

La nueva legislación estipula el reemplazo de autorizaciones formales por declaraciones juradas o avisos, simplificando el proceso sin comprometer la seguridad.

El senador independiente, Rojo Edwards, dijo que si los diputados en la Cámara quedan conformes con el trabajo de los senadores, se evitaría que el proyecto pase a mixta y “tendríamos luego la ley”.

Y la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, acordó que esta tarde se retomará la votación de aquellos artículos que generan más ruido paralelo a la comisión mixta.

La iniciativa contempla, además, un mecanismo de incentivos que sanciona el incumplimiento de plazos por parte de los servicios públicos, previa investigación sumaria realizada por la Contraloría General de la República.

Esto es algo que quedó pendiente en la votación.