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En su última Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric destacó reformas económicas y laborales concretadas, como la reforma previsional y la ley de 40 horas, aunque empresarios criticaron la falta de profundidad en el enfoque económico. Anunció un proyecto de ley para mejorar subsidios estatales y reafirmó compromisos en la negociación ramal y fraccionamiento pesquero. Sectores privados como la CPC y SOFOFA expresaron dudas sobre el discurso, mientras que la SNA pidió una agenda clara para el crecimiento económico. Congresistas y pymes también cuestionaron la falta de medidas para el desarrollo empresarial.
La última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric estuvo marcada por cuatro ejes, con un énfasis especial en la seguridad social y ciudadana por sobre la denominada “seguridad económica”, según manifestaron representantes del mundo empresarial.
Durante gran parte de su intervención, el mandatario destacó reformas económicas y laborales ya concretadas, como la reforma previsional, la ley de 40 horas, el incremento del salario mínimo y la implementación de la Estrategia Nacional del Litio.
Respecto a los desafíos pendientes de su administración, anunció un proyecto de ley destinado a unificar y mejorar los subsidios estatales, con el fin de incentivar la contratación de mujeres y jóvenes. También reafirmó su interés en avanzar en la negociación ramal, la ley de fraccionamiento pesquero y aseguró el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Sin embargo, desde el sector privado surgieron críticas hacia el enfoque económico del mensaje presidencial y su falta de profundidad.
Críticas del sector privado por última Cuenta Pública de Boric
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) cuestionó la ausencia de propuestas sobre eficiencia del gasto fiscal y control del endeudamiento, señalando que esperaban medidas más contundentes para fomentar el empleo, otorgar mayor certidumbre y agilizar los proyectos de inversión.
Así lo manifestó la presidenta del gremio, Susana Jiménez, quien también expresó su preocupación por el impulso a la negociación ramal.
En su discurso, el jefe de Estado aseguró que “la economía chilena va a crecer más en los años que vienen”, basándose en el orden macroeconómico que, según dijo, ha permitido reducir la inflación, la cual se ubica actualmente en un 4,5%.
También afirmó que “el crecimiento de la deuda pública se ha moderado considerablemente”. No obstante, al cierre de 2024, esta alcanzó el 41,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Frente a este panorama, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) expresó sus reparos al contenido económico del discurso, advirtiendo que en un contexto de bajo dinamismo, con una inversión estancada y escasa productividad, se requiere con urgencia una agenda clara que permita recuperar el crecimiento sostenido del país.
La presidenta del gremio industrial, Rosario Navarro, subrayó la importancia de avanzar hacia una “permisología en base cero”, como medida clave para destrabar el desarrollo económico.
Discurso más “político” que “resolutivo”
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), por su parte, si bien valoró que el Presidente mencionara iniciativas ligadas al agro, como el programa Tierras Vivas y el impulso a los mercados campesinos, cuestionó que el tono del mensaje haya sido más político que resolutivo.
El presidente de la entidad, Antonio Walker, llamó a definir con urgencia una hoja de ruta clara en materia de crecimiento económico.
Desde el mundo de las pymes, las críticas fueron aún más tajantes.
El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, lamentó lo que calificó como una total ausencia de medidas enfocadas en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas durante estos cuatro años de gobierno.
Congresistas
En el Congreso, integrantes de la Comisión de Hacienda también manifestaron reparos.
El diputado independiente-PPD, Carlos Bianchi, sostuvo que las expectativas en materia económica son bajas y criticó que el presidente no haya urgido el proyecto de ley de permisología, a pesar de haber destacado que esta normativa podría reducir los plazos de tramitación entre un 30% y un 70%.
En la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cuestionó la veracidad de algunos datos mencionados, específicamente la afirmación del presidente Boric que indicó que “hemos bajado a tasas históricas la informalidad laboral”.
También el parlamentario argumentó que los costos laborales derivados de diversas leyes han dificultado la contratación formal.
Sobre este último punto, cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que la informalidad laboral se sitúa en un 25,8%, lo que pone en duda la afirmación del presidente Boric. De hecho, entre mayo y junio de 2020, dicha tasa fue de 22,3%.
Recordemos que en la Cuenta Pública del año 2024, el mandatario reiteró su compromiso de crear más de 700 mil empleos durante su mandato y afirmó que estaba dispuesto a que “le cobren la palabra” en caso de no cumplirlo.
Sin embargo, según datos del INE, a la fecha se han generado cerca de 560 mil puestos de trabajo desde el inicio de su administración, viéndose lejana la promesa del mandatario.
