El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de la salmonera Nova Austral y de todos aquellos que resulten responsables por su participación en los delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones, por perjuicios de $60 mil millones.
Ante el hecho, las organizaciones ambientales que ha trabajado para detener las salmoneras indicaron que “resulta un sinsentido que el Estado bonifique a una industria que genera daños y perjuicios sobre el territorio, con recursos de todas las chilenas y chilenos que podrían ser destinados por ejemplo, a la construcción de hospitales”.
En la acción penal se establece que desde 2016 Nova Austral ha percibido el beneficio de la bonificación del 20% de las ventas, pese a no ceñir su actividad económica a los márgenes que la legislación exige para el otorgamiento de dicha bonificación, al no haber dado cumplimiento a la obligación de efectuar un uso racional de los recursos naturales de la región, preservando la naturaleza y el medioambiente, ya que en el desarrollo de su proceso productivo, entre los años 2016 a 2019.
Además, proporcionó información falsa a Sernapesca en relación a la mortandad, siembra, cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva, que ha redundado en un impacto negativo al medio ambiente y que, a mayor abundamiento, ha procurado ocultar a través de la adulteración del lecho marino.
La empresa ha percibido bonificación por volúmenes de venta superiores a los que lícitamente pudo haber generado. Nova Austral ha obtenido por concepto de bonificación entre 2016 y 2019, la suma de $59.580.971.043, sin que cumpliera con los requisitos legales para tener derecho a ella”.
Por eso, el CDE solicitó al Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir retención del pago de las solicitudes de bonificación por Ley Navarino, presentadas ante la Tesorería Regional de Magallanes por cerca de 7 millones de pesos.
Organizaciones destacan querella
Estefanía González, coordinadora de la campaña Océanos de Greenpeace, destacó la determinación del CDE al querellarse contra la empresa y especificó que “existen 12 centros de la empresa en la zona que han reportado falta de oxígeno, lo que es muy dañino para el ecosistema. En este caso la gravedad está en que lo hacen dentro de un Parque Nacional de la Patagonia y con daño directo y malintencionado por alterar los fondos marinos de estos lugares protegidos con tal de buscar beneficios productivos”.
A las irregularidades detectadas se sumó el vertimiento de arena en los centros productores ubicados al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, daño a los recursos hidrobiológicos se verifica a consecuencia directa de la introducción en el agua de toneladas de arena -elemento contaminante físico- que fueron vertidas sobre el fondo del mar del CES Aracena 14, ubicado en el área de Isla Capitán Aracena, entre los meses de marzo y mayo de 2019, agregó.
El director de la ONG FIMA, Ezio Costa, que junto con Greenpeace y AIDA llevan acciones legales para detener las operaciones, calificó de “gravísimas” las razones del CDE para querellarse. Porque no sólo es “por fraude al fisco, sino porque también levanta antecedentes cruciales sobre el daño ambiental generado en el Parque Nacional Agostini. Nova Austral podría ser sancionada penalmente, pero, además, podría ser demandada por daño ambiental”.
Leticia Caro, representante de la comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, estimó que “este es el momento preciso para que el Servicio de Evaluación Ambiental detenga la Resolución de la Calificación Ambiental sobre las relocalizaciones que pretende Nova Austral, pues esta empresa ha demostrado primero, que no le importa el daño ambiental al fondo marino y a las especies que habitan en ella, y segundo que no tiene respeto por los territorios”.
El recurso judicial del organismo fiscal va dirigido contra Arturo Schofield Muga, Drago Covacich McKay, Nicos Nicolaides Bussiemius, Rigoberto Garrido Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio, y en contra de todos quienes resulten responsables por su participación en los delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones.
