En la edición del lunes 17/05/21 de un medio de prensa escrito, el filósofo, músico y académico, Gastón Soublette, publica una carta titulada “Superintendencia de Medio Ambiente”, en la cual fundadamente despotrica en contra de esa institución pública, entregando varios ejemplos con nombres de proyectos irregulares que nunca han sido fiscalizados por la anterior. Le encontramos toda la razón a don Gastón y esperamos que después de conocerse los arrolladores resultados de las elecciones del pasado fin de semana, la institucionalidad ambiental recogerá el guante y empezará a ejercer sus atribuciones legales correctamente.
Pues bien, compartiendo su acusación, manifestamos que hemos sido claros en denunciar en varias ocasiones la manera en que actúa esa díscola Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), órgano destinado exclusivamente a fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental. Pues bien, una auditoría de la Contraloría General de la República acaba de confirmar nuestros planteamientos porque esa investigación administrativa dejó en evidencia que dentro de la SMA reina un absoluto descontrol y la desidia de sus funcionarios, por lo demás muy bien pagados con la plata de todos los contribuyentes, es generalizada.
En un país como el nuestro, donde muchas empresas incumplen la normativa ambiental para que sus inversionistas obtengan mayores rentabilidades en sus negocios, la obsecuente SMA debería tener un rol fundamental en defensa de los derechos de todos los habitantes del país, pero no lo hace, así de claro.
Hace algunos meses denunciamos que la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt y el Superintendente, Cristóbal de la Maza, celebraban el lanzamiento de un nuevo sistema electrónico para facilitar y fomentar las denuncias ciudadanas ante la SMA, sin tener en cuenta que algunas de ellas, referidas a proyectos en las comunas de Pudahuel, Colina y Lo Barnechea, llevaban en cansinos análisis internos casi 4 años, la primera y un año y medio, las de las otras dos. Acá el link.
¿Qué sentido tiene fomentar la denuncia ciudadana si la SMA no puede atender oportunamente las que ya había recibido? Podemos especular que podría ser para generar una apariencia de cumplimiento de las funciones que le asigna la ley. Recordemos que hace algunos años las autoridades de turno, los políticos, la prensa y otros personajes influyentes nos hacían creer que éramos el país menos corrupto del mundo.
Pero eran solo apariencias porque en el fondo, bien escondidas, estaban todas las trampas y delitos que ahora conocemos, partiendo por el financiamiento ilegal de la política hasta los fraudes en el Ejército y Carabineros de Chile, jubilazos en Gendarmería, permisos de edificación ilegales al por mayor, incluso el otorgado por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes a la conspicua Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para su edificio corporativo, colusión de supermercados y farmacias, más un larguísimo etcétera.
Las malas prácticas de la SMA fueron verificadas por la Contraloría, según se indica en el Informe Final Nº 280/2020 del 07/05/20 enviado el 11/05/21 a los diversos denunciantes. Ante la suma gravedad de las situaciones detectadas, la Contraloría hará directamente los respectivos sumarios administrativos en la SMA, cuyas sanciones pueden llegar a la destitución de los funcionarios irresponsables.
Leer ese informe de auditoría abruma y da vergüenza ajena conocer los descargos de la SMA para justificar que el 44% de las denuncias recibidas entre enero de 2016 y mayo de 2019 no fueron atendidas por esa institución. Son 2.500 denuncias que quedaron guardadas en alguna parte, dejando sin sanción y sin acciones reparatorias a una enorme cantidad de situaciones anómalas en el ámbito del medio ambiente. No podemos dejar de mencionar que la situación se arrastra desde hace muchos años y no solo es responsabilidad del incompetente gobierno actual.
¿De qué sirve una superintendencia como esa? De poco, porque además cuando actúa lo hace muchas veces en contra de proyectos pequeños, mirando para el lado cuando se trata de denuncias que afectan a grandes empresas. Para verificar lo dicho, se puede revisar la lista de proyectos con procesos sancionatorios en snifa.sma.gob.cl. Allí se puede ver cómo en la Región Metropolitana de Santiago se sancionan ruidos molestos de obras de construcción de edificios y los sistemas de climatización de una clínica dental, una farmacia y un centro de diálisis. Naturalmente esas son situaciones que generan molestias a los vecinos, pero el punto es que los grandes proyectos, que tampoco cumplen las normas ambientales, por regla general no son sancionados por la SMA.
Ejemplos de lo anterior son los conocidos desarrollos inmobiliarios en el Área de Preservación Ecológica de Lo Barnechea y Colina y grandes proyectos inmobiliarios en Pudahuel. Esos megaproyectos cuentan con asesoría legal de profesionales de primer nivel contratados para elaborar una defensa que permita eludir el cumplimiento de las normas ambientales, quienes además ejercen un lobby feroz frente a las complacientes autoridades de turno. En esos casos la SMA se ha negado a ejercer sus atribuciones y para no aburrirse en sus oficinas los funcionarios ocupan sus recursos públicos para sancionar los ruidos molestos de sistemas de climatización (sic).
Con respecto al ruido, y para mostrar que no solo la SMA ha fallado en el cumplimiento de sus funciones en materia ambiental, en febrero pasado informamos que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de esta región y el MOP acordaron la instalación de simples pantallas de mitigación de ruido para contrarrestar los más de 90 db (A) que producirá la circulación de los vehículos con la eventual ampliación de la autopista Vespucio Norte en el tramo entre las Rutas 68 y 78, sin hacer el análisis ambiental que exige la ley en un caso como ese, materia que se describe en link siguiente:
Varias de las sanciones de la SMA por ruidos molestos corresponden a situaciones con menos de 60 db (A). Según los documentos oficiales de las autoridades ambientales, con más de 85 db (A) existe riesgo de pérdida auditiva y aun así dicho SEA no ejerció sus funciones frente a la consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) presentada por el MOP a propósito de la ampliación de la señalada autopista, eximiendo a ese ministerio de ingresar el proyecto al SEIA pues ya estaba resuelto el impacto ambiental con la futura instalación de las pantallas de mitigación de ruido. Nuevamente, frente a la denuncia ingresada por esa situación, la Contraloría será la institución del Estado que actuará en defensa de los ciudadanos. Si algo hemos aprendido en estos últimos años es que la Contraloría sí hace su pega y la nueva Constitución tendrá como obligación potenciarla.
Todos los que participamos en denuncias ciudadanas sabemos que lo descrito corresponde a la típica respuesta del SEA cuando un interesado, de cierta alcurnia, le consulta si su proyecto debe someterse obligatoriamente al SEIA. El razonamiento detrás de esa forma de actuar es que el medio ambiente está en un lugar de prioridad más bajo que las inversiones que producen desarrollo económico.
Por último, uno de los tantos casos no atendidos oportunamente que revisó la Contraloría, a pesar de que la SMA recibió el 2018 la denuncia de la reelecta concejala de Pudahuel, Gisela Vila, corresponde al incumplimiento de la normativa ambiental y del instrumento normativo Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) por parte del proyecto de ampliación del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Durante varios gobiernos, los órganos competentes de la Administración del Estado se auto convencieron de que el principal aeropuerto de nuestro país no ha producido y nunca producirá impacto ambiental relevante a pesar de que con las obras que están en desarrollo se duplicará su capacidad de atención de pasajeros y aviones para así asumir la creciente demanda experimentada en los últimos años.
Cualquiera que revise con algo de atención los análisis ambientales aprobados de las distintas etapas constructivas del aeropuerto de Pudahuel podrá descubrir cómo el propio Estado actuó en contra del bien común, incumpliendo el artículo 1º de la Constitución Política. La explicación de esa situación es que a las autoridades les pareció que la prioridad absoluta era mejorar y ampliar el aeropuerto, sin atender o prestando muy poca atención a los impactos ambientales, porque eso encarece las obras y extiende los plazos de tramitación y ejecución y también posiblemente porque la comuna de Pudahuel es uno de los patios traseros de esta región.
Los que ejercían el poder político en esos años vivían bastante lejos de Pudahuel, así que solo percibían los beneficios de tener un amplio y moderno aeropuerto al que podían llegar por una cómoda autopista urbana y ellos supusieron que nadie se daría cuenta de las irregularidades. Como guinda de la torta en ese caso podemos decir que el eterno alcalde Johnny Carrasco siempre ha sido complaciente con el concesionario de turno del aeropuerto y de hecho, se reunían periódicamente en la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel (CODESUP) a tomar cafecito y planificar, como ellos alegremente denominaban, el “desarrollo sustentable” de la comuna, lo cual es otro burlesco ejemplo de esas “apariencias” chilensis.
Esos tiempos de “cocina” ya terminaron, pues el nuevo alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, durante su ejercicio como concejal mostró siempre una postura crítica a las malas prácticas de la municipalidad. Será interesante conocer el resultado de los sumarios que la Contraloría hará en tal SMA y naturalmente los daremos a conocer en este medio de prensa.
