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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Candidatos presidenciales critican Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, implementado en 2023 para esclarecer casos de desaparición forzada durante dictadura. Cambio fundamental: búsqueda como política pública sistemática y centralizada. Programa de Derechos Humanos lidera operación, con Comité de Seguimiento y Participación y Área de Búsquedas y Trayectorias. Ejes: verdad y responsabilidad, participación y reparación, prevención de desapariciones forzadas. Control por Comité Interministerial de Derechos Humanos, asegurando continuidad y participación de afectados.

A pocas semanas de la elección presidencial, candidatos a la presidencia se han referido al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, algunos de ellos cuestionando su efectividad e intenciones.

Por ejemplo, durante el debate ARCHI de este martes, la candidata Evelyn Matthei reafirmó sus dichos anteriores, donde señaló que, en realidad, el plan “no es búsqueda, es venganza”. Johannes Kaiser, por su parte, ha cuestionado el rol del Servicio Médico Legal en la materia, calificando el plan como una “estafa”.

Desde el Gobierno han respondido a los cuestionamientos. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseveró que “el Plan Nacional de Búsqueda es todo lo contrario a la venganza, es hacer justicia”. ¿En qué consiste esta iniciativa?

El Plan Nacional de Búsqueda se oficializó mediante decreto en agosto de 2023, el cual fue publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre de 2023. Su objetivo: esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada.

De acuerdo con las cifras oficiales, durante la dictadura hubo 1.469 personas que fueron víctimas de desaparición forzada. De ellas, solo 307 han sido ubicadas y sus restos entregados a familiares.

Tras el retorno a la democracia, la respuesta estatal se concentró en mecanismos coyunturales, como las comisiones de verdad, o en procesos judiciales, centrados principalmente en la persecución penal. No existía una política que articulara y centralizara los procesos de búsqueda, los que a menudo involucran a diferentes actores como familiares de los desaparecidos, fundaciones, agrupaciones, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, la principal novedad o cambio que introdujo el Gobierno radica en el establecimiento de la búsqueda como una política pública de carácter sistemático, centralizado y permanente. Revisa a continuación en más detalle su estructura y funcionamiento.

En qué consiste el Plan Nacional de Búsqueda (PNB)

La operación del PNB involucra a varias instancias estatales. Su principal órgano ejecutivo es el Programa de Derechos Humanos (PDH), dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su misión es buscar a las víctimas de desaparición forzada, promoviendo acciones para determinar su paradero y las circunstancias de su desaparición o muerte. Lo anterior, puede ser actuando por sí mismo o en coordinación con otras instituciones responsables o colaboradoras.

También se creó un Comité de Seguimiento y Participación., cuya misión es conocer, asesorar y hacer recomendaciones para la implementación del Plan. Lo componen agrupaciones de familiares, académicos, y representantes de organizaciones de derechos humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Para la reconstrucción de trayectorias y búsqueda en terreno, se conformó una Área de Búsquedas y Trayectorias, para identificar el momento y lugar de detención, el traslado a lugares de tortura, prisión política o ejecución, hasta el punto donde se perdió el rastro.

Plan Nacional de Búsqueda
Plan Nacional de Búsqueda

En diciembre de 2024, a un año de la creación del PNB, el Gobierno destacó los siguientes hitos:

  • Primer catastro de Sitios de Interés para la búsqueda.
  • Conformación de la nueva Área de Búsquedas y Trayectorias
  • Realización de más de 40 diligencias en sitios de interés durante 2024
  • Identificación de más de 36 mil unidades documentales en archivos públicos
  • Participación de más de 1.200 familiares en encuentros desarrollados en todo el país.
  • Los resultados específicos del segundo trimestre de 2025 se pueden consultar haciendo clic aquí.

    ¿Cómo se financia el Plan? De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial, «El financiamiento de las acciones del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia será consultado en la partida de presupuesto del año correspondiente del Ministerio o Servicio comprometido como responsable o colaborador de su implementación». Además, para asegurar que exista un financiamiento general, también se debe contemplar un monto específico en el Presupuesto Nacional.

    Para el año 2025, el monto asignado por ley de presupuestos del sector público para el Programa de Derechos Humanos fue de $1.706.148.000. No obstante, según consigna Emol, el monto vigente sería de $1.914.812 (miles de $).

    El documento también establece que la Subsecretaría de Derechos Humanos “debe informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el estado de avance del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia”. Así mismo, debe informar “mensualmente a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados los resultados del Plan Nacional de Búsqueda, considerando un Registro Nacional de casos, el que deberá estar actualizado y que permita el acceso a estadísticas y datos relevantes sobre los casos en curso y finalizados”.

    Ejes de acción del PNB

    El PNB se estructura en torno a tres objetivos específicos, que orientan sus metas y acciones de la siguiente forma:

    1. Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero. Esto implica establecer la verdad y las responsabilidades criminales, y ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos de las víctimas.

    2. Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad en los procesos de búsqueda. Esto se logra promoviendo la participación informada de familiares y organizaciones, y haciendo parte a la sociedad en los procesos de búsqueda.

    3. Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada. Esto se traduce en promover la memoria, brindar atención integral (biopsicosocial) a familiares y desarrollar medidas de sensibilización y promoción sobre la desaparición forzada.