Lissette de sólo 11 años, falleció en Centro Galvarino del Sename, y desde entonces los ojos se han vuelto a las, en muchas ocasiones, precarias condiciones con las que los menores y funcionarios del Sename deben convivir.
A raíz de lo anterior, no sólo renunció la directora Marcela Labraña. El Gobierno anunció que accionará la tramitación de los diversos proyectos de ley que apuntan a cambiar la institucionalidad del organismo que vela por la protección de los menores, reponiendo su urgencia para el próximo 2 de mayo.
La iniciativa del Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que apunta a mejorar las normativas que protegen los derechos universales de las y los menores de 18 años, fue presentada por la presidenta Michelle Bachelet el 21 de septiembre de 2015, y hoy es discutida por la Cámara de Diputados.
Dentro de las aristas del proyecto, la que más destaca es la división del Sename en dos organismos. Uno estaría encargado de velar por los derechos de niños y niñas vulnerados, como en el caso de Lissette, y el segundo, específicamente para los infractores de la Ley Penal Adolescente.
Urgencia del proyecto
Este proyecto, que fue ingresado en 2015, vio modificada su urgencia durante enero de 2016 cuatro veces.
Según explicaron desde el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, la última alteración fue argumentada con el receso parlamentario de febrero, donde desde entonces la iniciativa cambió su calidad de suma urgencia a la de ningún tipo especial de tramitación. Según informó el Gobierno, en aquel momento eran los temas de probidad, agenda corta y la reforma laboral, los que requerían urgencia.
Sin embargo, y según consignó La Tercera, el ministro Nicolás Eyzaguirre, aseguró que se tenía la disposición de reponer la urgencia (en calidad de simple) el 20 de abril. Pero la iniciativa se vio aplazada por la suspensión de sesiones tras el Duelo Nacional desarrollado por el fallecimiento del presidente Patricio Aylwin.
Desde el departamento de asuntos públicos de la Aldea S.O.S., Alejandra Riveros, aseguró que los cambios en cuanto a la calidad del proyecto “fueron dos razones cruzadas: el Ejecutivo dijo que le habían puesto suma urgencia para que no se cayera de los proyectos que quería priorizar. Pero la sociedad civil se opuso, debido a que la iniciativa generó más de 300 indicaciones cuando ingresó al Congreso”.
En el mismo marco, la diputada RN Marcela Sabat, declaró que el proyecto no ha podido seguir su curso, ya que “el Gobierno no ha tenido la capacidad de someter a discusión propuestas que cuenten con consenso porque en el proyecto existen muchas diferencias ideológicas”.
