La suma de 240 millones de pesos acordó cancelar el Consejo de Defensa del Estado a la familia de un detenido desaparecido de Santa Bárbara, en el marco de un acuerdo extrajudicial. La medida se aleja del argumento que esgrimía el Fisco sobre la prescripción de la responsabilidad civil por la violación de derechos humanos.
Se trata del caso de Desiderio Aguilera Solis, de quien se perdió rastro el 20 de septiembre de 1973, tras su detención por parte de Carabineros de la localidad cordillerana de Santa Bárbara.
En la arista penal -por la desaparición de 34 campesinos- está condenado un grupo de ex miembros de la policía uniformada, así como civiles, con penas de hasta 14 años de cárcel por el delito de secuestro calificado.
Fue el abogado Adolfo Montiel que presentó en forma paralela una demanda a nombre de Margarita Godoy Acuña, esposa de Aguilera Solís, pidiendo el pago de 300 millones de pesos como indemnización.
Es en el marco de esa acción civil que el Consejo de Defensa del Estado acordó la transacción extrajudicial por 240 millones de pesos.
Y es que el organismo había esgrimido en esta y otras causas similares la prescripción de la responsabilidad civil para rechazar las indemnizaciones demandadas, no obstante allanándose a pagar en casos emblemáticos como el del canciller asesinado en Washington, Orlando Letelier.
Por eso, insistió el abogado Montiel, es justo el acuerdo alcanzado.
El monto que aceptó pagar el CDE deberá ser visado ahora por el Ministerio de Hacienda, indicó el abogado Montiel. Los 240 millones de pesos serán divididos entre toda la familia del detenido desaparecido, conformada por 10 hijos.
