En el contexto de las diversas normas misceláneas incluidas en el proyecto de reajuste al sector público, el gremio de Clínicas de Chile se mostraron preocupados por una en específico que permitiría a las mutuales de seguridad dar prestaciones de salud común.
Esto, sin necesidad de pasar por la autorización de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
Clínicas de Chile en alerta por norma incluida en reajuste al sector público
Según una declaración pública de la asociación que reúne a 46 prestadores privados, aunque “el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema es compartido, estimamos indispensable que cualquier modificación a esta materia asegure condiciones equitativas de participación en resguardo de la sostenibilidad del sistema”.
Sobre la ley del reajuste al sector público que se discutirá en el Congreso y que incluye la mencionada norma, desde Clínicas de Chile recordaron que este proyecto suele ser de una rápida tramitación.
De hecho, el proyecto va a contrarreloj ya que, en un inicio, se esperaba que estuviera listo para su discusión antes de la segunda vuelta. Sin embargo, recién esta semana se firmó el acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, por lo que desde el Ejecutivo prevén que comience su tramitación el 5 de enero próximo.
Bajo este contexto, el gremio de clínicas resaltó que en materias “relevantes y de fondo” como las del proyecto misceláneo que cuestionan, “es necesario contar con un debate acabado, con la participación de todos los actores y expertos técnicos, con tiempos e instancias de reflexión adecuados, que permitan alcanzar soluciones responsables y de largo plazo que busquen siempre lo mejor para las personas”.
“Este caso no puede ser la excepción. Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades y legisladores para permitir una discusión profunda que aborde el fondo e implicancias de materias como las señaladas”, concluyeron.
En el contexto del reajuste al sector público, otra normativa que se ha propuesto es aquella que implementa exigencias para el despido de funcionarios públicos, lo que ha sido definida como una medida de “amarre”.
Específicamente, se establece que en caso de aquellos funcionarios de carrera, el despido de la persona debe realizarse mediante un acto fundado. Según el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, “las personas tendrán el derecho de reclamar aquello en Contraloría”.
Si bien por una parte se señala que la medida favorecería a los trabajadores públicos al darle la oportunidad de que se evalúe un despido en base al desempeño del funcionario, otros han cuestionado que sería para “amarrar” puestos y que complicaría la labor de presidente electo, José Antonio Kast, en cuanto al ajuste y recorte de gasto que planea realizar.
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