El Colegio de Matronas y Matrones de Chile pidió que se debata “en serio” el aborto y que no se cierre la discusión sobre su aplicación a sólo tres causales, como lo planteó la presidenta Michelle Bachelet en su mensaje del 21 de Mayo, aunque sí valoró que exista voluntad política del Gobierno en legislar sobre el tema.

“Valoramos que este tema esté hoy en el debate público, apoyamos las tres causales, pero debemos asumir que se producen 17 mil abortos al año en el sector público, y ésa es una realidad que debe hacer un profundo análisis de las determinantes sociales que llevaron a las mujeres a tomar una decisión de interrupción”, explicó la presidenta de la Orden, Anita Román, acompañada de la ex candidata a diputada y vocera del PRO, Marisela Santibáñez.

“Sin duda que es prioritario que se legisle frente a inviabilidad fetal, violación y riesgo de la madre, pero esto es sólo la punta del iceberg, pues se deja fuera a miles de mujeres que hoy están totalmente decididas, por las causales que sean, a interrumpir su embarazo y el Estado debe hacerse cargo de esa situación“, argumentó Román.

“Hay que terminar también con esta discusión centrada sólo en lo valórico y en las opiniones personales, acá el tema es sanitario, pues una mujer que aborta con métodos químicos, por ejemplo con Misotrol, pone en serio riesgo su vida, pero a la vez puede quedar con secuelas irreversibles físicas y psicológicas, y nadie hoy toma en cuenta esa realidad”, puntualizó la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones.

La dirigente pidió “que debatamos en serio el tema del aborto, que veamos las condicionantes sociales que motivan el aborto, que veamos cómo hacernos cargo de la vulnerabilidad en que queda una paciente tras abortar y también que enfrentemos ese mercado negro que lucra con el drama de esas mujeres”.

Asimismo, la representante del PRO, Marisela Santibáñez, destacó el anuncio presidencial del 21 de mayo y señaló que es necesario que haya un debate amplio sobre el aborto, sobre todo considerando que quienes pueden acceder a practicarse uno son sólo aquellas que tienen los recursos económicos para salir de Chile, mientras que se condena al resto a acudir a prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida.