Hay que evitar caer en un juicio en la Corte de Apelaciones de Rancagua. No es de fiar, de acuerdo a un hecho que cobró relevancia cuando, el 17 de marzo, la Corte Suprema dejó sin efecto las “ternas” de abogados que postulaban a cargos de notarios en Graneros y Machalí.
Las ternas habían sido confeccionadas en noviembre pasado por el pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, y en ellas se incluyó a abogados que no cumplían los requisitos dispuestos en el Código Orgánico de Tribunales para estos procesos de selección.
O sea que los magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua trasgredieron una norma jurídica postulando a Enrique Estay Peñaloza, ex diputado UDI por el distrito 49, en la región de la Araucanía, que perdió la elección pasada; Pamela Medina, independiente pro Renovación Nacional, ex Seremi de Gobierno en la Región de O’Higgins, también derrotada en su candidatura a diputada por el Distrito 32; y Gerardo Carvallo, militante de la UDI, el ex seremi de Bienes Nacionales.
¿Por qué el pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua los incorporó a las ternas? ¿Se les pasó? ¿Fue un error, una torpeza?
Y si no fue torpeza, ¿qué fue? Si esa “equivocación” favorece, coincidentemente, a tres políticos de derecha que se han quedado sin pega, ¿se trata entonces de un favor político? Si así fuera, con mayor razón hay que evitar a esa Corte, porque la mentada “independencia” del Poder Judicial sería letra muerta.
