La Defensoría denunciará ante el Ministerio Público las golpizas efectuadas por gendarmes a presos de los penales Bío Bío y El Manzano, y que han sido acreditadas por los tribunales en el marco de la tramitación de recursos de amparos.

La acción legal en favor de Carlos Liberona Soto fue la cuarta acogida por la Corte de Apelaciones de Concepción y la Corte Suprema en relación a golpizas y traslados ilegales y arbitrarios de los que han sido víctimas reos e internas del principal complejo penitenciario de la Octava Región.

A Liberona se le roció la cara con gas pimienta y se le golpeó de pies, puños y luma, acusado de haber recibido supuestamente un paquete de marihuana enviado en una encomienda.

Se trata del cuarto recurso de amparo en los últimos ocho meses, y que ha involucrado a 11 personas privadas de libertad en El Manzano y el concesionado penal Bío Bío, acogido por la justicia al confirmarse las denuncias de defensores y del Instituto de Derechos Humanos.

Ante la reiteración de los hechos es que se decidió enviar todos los antecedentes a la Fiscalía para la investigación de posibles apremios ilegítimos, según informó el defensor regional Osvaldo Pizarro.

A pesar de las instrucciones de la Corte de Apelaciones penquista y de la Suprema a Gendarmería, en orden a efectuar operativos que no atenten contra la integridad de los presos y presas, los hechos de violencia física se han sucedido.

Incluso, indicó Pizarro, la Dirección de Gendarmería en el Bío Bío ni siquiera ha aplicado sanciones a los responsables de las golpizas.

En todos los casos de maltrato se repiten los nombres del actual director regional de Gendarmería, Maurice Grimalt, quien se desempeñó en El Manzano cuando se produjeron algunas de las golpizas, y también el de Sebastián Urra, actual alcaide del penal Bío Bío, y quien fue trasladado desde la región de los Ríos, luego de similares hechos de abusos de gendarmes contra presos en la cárcel de Valdivia.