Los tribunales de justicia deberán resolver si hubo delito en la actuación de las ex autoridades de gobierno, de la Onemi y del SHOA por los errores en la alerta de maremoto el 27 de febrero del 2010.
El juez Ponciano Salles estará a cargo de la audiencia que se registrará este lunes en el séptimo juzgado de garantía de la capital, donde se debe resolver la petición de sobreseimiento de cuatro imputados.
Se trata del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, Andrés Enríquez, ex jefe de oceanografía del SHOA, y el ex jefe de alerta temprana de la OnemiI, Johaziel Jamett.
Todos están formalizados por cuasi delito de homicidio en la investigación que instruye la fiscal Solange Huerta, quien fijó la presunta culpabilidad en 108 víctimas para los siete formalizados.
Precisamente el juez Salles deberá pronunciarse si las pruebas que ha recopilado la fiscal en tres años de investigación, son suficientes para acreditar la existencia de un delito culposo.
Rosende enfrenta la mayoría de los cargos, responsabilidad por 105 víctimas, por su supuesto actuar negligente aquella madrugada al descartar el riesgo de tsunami en una entrevista televisiva.
Su abogado, Samuel Donoso, adelantó que el sobreseimiento los basan en dos causales: inocencia e inexistencia del delito.
Alfredo Morgado, abogado de la mayoría de los familiares de las víctimas, manifestó que hay pruebas suficientes de la existencia del ilícito y la participación de los siete imputados.
Raúl Meza, el abogado que se querelló contra la ex presidenta Michelle Bachelet en esta causa, destacó que en el reformalización del 25 de marzo pasado, quedó establecida con precisión la presunta responsabilidad de los formalizados.
La ex mandataria se encuentra en calidad de querellada tras la notificación a las partes que realizó la justicia el jueves recién pasado.
