Representantes del gobierno de Costa Rica y del gremio de los periodistas se reunirán este martes, en busca de una solución al conflicto generado por la aprobación de una ley que impone penas de cárcel a quienes investiguen “informaciones políticas secretas”.
El ministro de la Presidencia, Ricardo Benavides, convocó al presidente del Colegio de Perodistas, José Rodolfo Ibarra, así como a diputados, procuradores y otros funcionarios públicos.
El conflicto estalló luego que la presidenta Laura Chinchilla promulgara una Ley de Delitos Informáticos aprobada por el Congreso, uno de cuyos artículos establece una pena de cuatro a ocho años de prisión a quien “procure u obtenga indebidamente informaciones políticas secretas”.
La norma ha sido ya calificada por diversos sectores de la prensa como “ley mordaza” y exigen su derogatoria inmediata, por considerar que constituye una amenaza directa a la libertad de información.
“La jurisprudencia internacional es contraria a castigar con penas carcelarias a los periodistas por violación de correspondencia o comunicaciones en actos de comprobado interés público, lo cual afecta investigaciones periodísticas”, señaló el Sindicato de los Periodistas.
La ley aprobada no define con claridad el concepto de “informaciones políticas secretas”, razón por la cual los comunicadores temen que se aplique a informaciones de interés público que manejen las instituciones gubernamentales o los partidos políticos.
La jurisprudencia de la Sala Constitucional (máximo tribunal del país) ha establecido que no procede el secreto en relación con ningún documento o información de entidades públicas, a menos que así sea declarado mediante decreto ejecutivo y por motivos de seguridad pública.
“La intención de la cita (entre representantes del gobierno y de los periodistas) es procurar que los artículos modificados en el Código Penal no eviten el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica”, señaló el ministro Benavides.
La presidenta Chinchilla, por su parte, ha prometido que tomará las decisiones que sean necesarias para evitar que se restrinja la libertad de prensa en el país.
