En libertad quedaron los 31 manifestantes formalizados por el Ministerio Público como responsables de desórdenes públicos en Valdivia, en el marco de los enfrentamientos entre movilizados y Carabineros después de la marcha convocada por la CUT.

En la audiencia, la jueza Liliana Acuña decretó ilegal la detención que pesó sobre 8 personas, todos entre 14 y 15 años, por considerar que al ser menores de 16 años no son punibles.

Mientras, el resto quedó con la medida cautelar de arraigo nacional, rechazando la magistrado la solicitud de la fiscal Patricia Ibarra de que se les prohíba participar en futuras marchas, ya que los hechos investigados ocurrieron justamente después de la marcha convocada por la CUT y que en Valdivia albergó a unas 8 mil personas.

Desde la defensa, el abogado Marco Montero calificó como abusivo, desproporcionado y grave que niños de entre 14 y 15 años hayan pasado una noche en un calabazo, para que este viernes la fiscal haya decidido aplicar principio de oportunidad, lo que –a juicio del defensor- denota falta de interés del Ministerio Público en investigar los hechos.

En tanto, el padre de una menor que se identificó como Adolfo Quisto, manifestó su descontento por cómo se actuó con los menores.

Incluso, otro papá reprochó el procedimiento que a su juicio habría sido desprolijo, según el mismo testimonio que dio su hija después de la audiencia.

En tanto, uno de los imputados que se identificó como Felipe, reconoció que lanzó piedras a los carros de Carabineros, asegurando que después de esta detención sacó como lección que aquella no es la forma de manifestarse.

En tanto, el plazo de investigación se fijó en 60 días para un grupo y 90 para otro, mientras que se estableció una nueva audiencia para un menor, ya que en estos masivos controles la jueza Liliana Acuña conocía a ese imputado, quedando inhabilitada.