La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de reajuste del sector público, por lo que pasa a su discusión en el Senado.
La iniciativa contempla un reajuste a los sueldos de los funcionarios del 3,4%, suma de un alza del 2,0% a contar de diciembre de 2025 y un 1,4% desde el 1 de junio de 2026.
Reajuste del sector público pasa al Senado
Si bien el grueso de la iniciativa tuvo el visto bueno de la Sala, todas las normas de quórum, incluyendo varias de las llamadas -por la oposición- normas de “amarre”, fueron rechazadas.
Con todo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, adelantó que buscarán reponer estos puntos, en especial los alcanzados con la Mesa del Sector Público, en la discusión en el Senado.
En total, 119 de los 132 artículos del reajuste se aprobaron.
De los otros artículos rechazados, está la ampliación de giro para Correos de Chile y Enap, aporte de los Gobiernos Regionales (GORE) a las empresas públicas, un nuevo calendario para la entrada en vigencia de ciertos Servicios Locales de Educación Pública (Sleps) entre otras.
A su vez, tuvo el visto bueno el reajuste del 3,4%, además de los bonos a funcionarios y aguinaldos, sumado a otros artículos calificados como posibles “amarres” de funcionarios en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Agencia de Datos Personales.
En un punto de prensa en el Congreso, el Ministro Grau afirmó que como Ejecutivo se sienten “satisfechos”.
“El rechazo estuvo acotado a las leyes que tienen quórum cualificado. Hubo mayoría de aprobación pero no fue suficiente (…) Al menos en el caso de las normas que fueron rechazadas por quórum y que han sido acordadas con la Mesa del Sector Público, las vamos a reponer” en el Senado, adelantó Grau.
Durante su próxima etapa legislativa, la iniciativa no solo se enfrentaría a nuevas críticas en caso de que el Ejecutivo efectivamente reponga las normas relativas a la desvinculación de funcionarios a contrata -los llamados “amarres”-, sino también los cuestionamientos que se escuchan en el parlamento al financiamiento del proyecto.
Y es que el lunes, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que existe una brecha de US$822 millones en financiamiento extra para el reajuste, que deberán proveerse mediante reasignaciones y/o un mayor uso de provisiones.
La presidenta del CFA, Paula Benavides, recordó que el Presupuesto 2026 no incluía un reajuste de los sueldos por IPC. En este sentido, dijo que cualquier medida extra debe adoptarse en el marco de los límites del erario aprobado para así resguardar la meta de Balance Estructural de 2026 y que, de lo contrario, “se generaría presión sobre el resto del presupuesto”.
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