“La destrucción no hace más que dañar el propósito final de las manifestaciones y el derecho de la población a expresarse, ocasionando daños millonarios a la propiedad y atentando hacia la integridad y salud de las personas”. Con estas palabras, el diputado Enrique van Rysselberghe hizo un llamado al Gobierno para que apoye y de suma urgencia al proyecto de ley ingresado a la Cámara el 20 de julio, y que tiene como finalidad controlar la violencia por medio de elevar las sanciones, otorgar más facultades a las policías y tribunales, y castigar a quienes cometan estos actos violentistas.
El diputado gremialista elaboró esta iniciativa con el propósito de controlar y, en lo posible, evitar que los violentistas o infiltrados empañen el legítimo derecho de la ciudadanía a expresarse.
Sobre el punto, EVR argumentó que “al igual que la ley que controló la violencia de las barras bravas en Inglaterra, hay que ir por quienes generan la violencia y no por los organizadores de los eventos. Hay que generar una ley especial que para actuar sobre las personas y los grupos que aprovechan las manifestaciones para generar violencia”.
El proyecto propone medidas destinadas al control y prevención de la violencia en manifestaciones públicas, elevando las penas a los delitos cometidos durante estos eventos; estableciendo la prohibición de participar en marchas o manifestaciones para quienes cometan estos delitos, y castigando la reincidencia a través de la supresión de cualquier beneficio económico con fondos provenientes del Estado que recibiera la persona tales como subsidios habitacionales.
Asimismo, el proyecto del diputado Enrique van Rysselberghe, faculta a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para poder ingresar a cualquier recinto privado de libre acceso a fin de detener a los autores de estos delitos.
