Una polémica entre las Fuerzas militares colombianas y la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU en el país andino se presentó el martes por críticas de la cúpula castrense a la supuesta carencia de condena del organismo a ataques de la guerrilla FARC.

“Por qué el señor Christian Salazar no sale a rechazar como representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU -en Colombia- este tipo de acciones terroristas de las FARC en contra de las personas inocentes de (la ciudad de) Popayán”, señaló el almirante Edgar Cely, comandante de las Fuerzas Militares.

“Ahí uno quisiera que hubiera inmediatamente un pronunciamiento enérgico porque es una acción de un grupo terrorista en contra del pueblo colombiano”, enfatizó Cely, que se refirió a una serie de atentados con coches bomba que desde el fin de semana se presentan en el departamento -provincia- de Cauca (suroeste).

Las críticas fueron respondidas por Salazar, representante del organismo de la ONU en Colombia. “Nosotros no sacamos comunicados (de condenas) a pedido. Naciones Unidas hace su propia observación y necesitamos un poco de tiempo para confirmar la veracidad de los hechos”, señaló en declaraciones a periodistas.

“La observación significa que tenemos que ir a los lugares, tenemos que verificar juiciosamente la información que existe sobre diferentes actos, y esto muchas veces nos toma tiempo, y muchas veces no podemos salir rápidamente a condenar actos porque tenemos que basarnos en nuestra propia observación”, enfatizó.

El sábado, una persona murió y otras siete resultaron heridas por la explosión de un coche-bomba en Popayán (capital provincial de Cauca), en un hecho atribuido por las autoridades a la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda en importancia en el país.

Además, el Ejército informó el lunes del hallazgo y desactivación de un coche-bomba en una vía del municipio de Corinto, al sur del país, y atribuyó el hecho a la intención de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de atentar contra la población civil de la localidad.